Tsunami Democrátic en los disturbios de 2019, en el aeropuerto del Prat
Exclusiva
La Fiscalía maniobra para salvar la amnistía de Sánchez evitando acusar de terrorismo a Tsunami Democràtic
El Ministerio Público trata de rectificar un informe incorporado a la causa el pasado verano, en el que sí consideraba que la gravedad de los altercados de 2019 encajaban con ese delito
La Fiscalía General del Estado maniobra para que los disturbios de Tsunami Democràtic no sean considerados terrorismo porque hacerlo podría perjudicar a la amnistía que prepara Pedro Sánchez a cambio de los siete 'síes' del partido de Carles Puigdemont para su investidura.
El pasado martes, la Audiencia Nacional admitió la personación de Dignidad y Justicia y Vox en la causa abierta en 2019 para esclarecer las responsabilidades de Tsunami Democràtic en los gravísimos disturbios que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la condena del Supremo a los líderes del procés. Desde ese momento, la Fiscalía se ha movilizado para evitar que trascienda un informe remitido este verano por el fiscal de guardia asignado al caso, en el que se apuntaba al terrorismo de la plataforma separatista.
Las víctimas advierten que desde la cúpula del Ministerio Público se trabaja contrarreloj para calificar los altercados que paralizaron el aeropuerto del Prat como desórdenes públicos agravados, una vez desaparecida la sedición, y lograr así que el procedimiento se derive a un juzgado de Barcelona donde no tendrá la misma repercusión.
Tsunami Democrátic en los disturbios de 2019, en el aeropuerto del Prat
Para lograrlo, en el seno de la Fiscalía, estaría poniéndose todo el énfasis en justificar que las conclusiones alcanzadas por el fiscal de guardia del caso, en un escrito incorporado a la instrucción el pasado mes de agosto, se habrían adoptado de una manera prematura y, sobre todo, sin haber contado con el visto bueno previo en la cuestión del fiscal titular del procedimiento, Miguel Ángel Carballo.
Tanto en la asociación que preside Daniel Portero como en el partido de Santiago Abascal temen que –como ya ocurriera con la renuncia del fiscal encargado del caso reabierto sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, publicada en exclusiva por El Debate, tras presiones de sus superiores para declararla prescrita– la posición del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, «cambie» la lectura del fiscal que en verano calificó lo ocurrido como terrorismo y que «es lo único que justifica» la presencia de la asociación de víctimas en el procedimiento «desde un principio».
No en vano, cuando el pasado mes de mayo se levantó el secreto del sumario, tras adherirse al expediente, vía oficio, un informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las movilizaciones violentas de Tsunami Democràtic, el magistrado García Castellón pedía a la Fiscalía que informara acerca de los delitos a los que se podían circunscribir los hechos investigados, sobre qué personas deberían figurar formalmente como imputadas –una veintena, aproximadamente– y también sobre la competencia de la Audiencia Nacional. La respuesta llegaba apuntando a un terrorismo que, ahora, sin embargo, se quiere diluir.
Con el acceso de Dignidad y Justicia y Vox a la investigación, que se ha llevado a cabo en secreto durante los últimos cuatro años, el «volantazo quedará al descubierto»
Y es que una vez que este martes el instructor del caso acordaba aceptar la personación de Dignidad y Justicia y de Vox, dándoles acceso a la totalidad de las pesquisas, saltaban las alarmas en el seno de la institución que todavía encabeza, pese a estar cesado con el Gobierno que lo nombró, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
En plena negociación de la amnistía para la investidura de Pedro Sánchez, a nadie escapa que una acusación tan grave como el terrorismo en manos de la Audiencia Nacional complicaría al PSOE en las próximas dos semanas el 'borrado penal' que exige Carles Puigdemont. En consecuencia, pondría en peligro el apoyo de los siete diputados de Junts. «En caso de que no se considere terrorismo, el caso sería derivado a un juzgado ordinario de Barcelona», explica Marta Castro, vicesecretaria nacional jurídica de Vox.
Cabe recordar que, en las últimas horas, ha trascendido el contenido del acuerdo que Sánchez habría alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para desbloquear algunos de los flecos todavía pendientes en la negociación sobre la amnistía y desde ERC han apuntado al punto clave: que los encausados por Tsunami Democràtic, la mayoría de ellos altos cargos de la formación de Oriol Junqueras, queden contenidos en el 'borrado penal' de la nueva ley de amnistía.
«Razones jurídicas» para el delito de terrorismo
La sentencia del Supremo de 2019 condenó hasta a 13 años de prisión a los líderes políticos del procés, por sendos delitos de sedición y malversación. El independentismo catalán, liderado entonces por el Gobierno autonómico de Joaquim Torra, instó a sus bases a agitar la calle y provocar, entre otros, el caos en el aeropuerto del Prat en Barcelona, deteniendo su actividad aeronáutica al distribuir, de manera coordinada, una serie de billetes falsos (de vuelos reales) para sortear los primeros controles de seguridad.
La actual regulación del terrorismo en el Código Penal, apunta, entre otros, a la «comisión de cualquier delito grave contra (...) la libertad, (...) el patrimonio, (...) y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo». O «alterar gravemente la paz pública».
Por todos estos motivos, desde Dignidad y Justicia, y apoyados en todas la «pruebas e indicios que hay», sostienen que se dan los presupuestos jurídicos necesarios para «defender el terrorismo» de Tsunami Democràtic o, como mínimo, su carácter de «organización criminal». En ambos casos, las competencias para continuar con el caso y juzgar a los acusados seguirían en manos de la Audiencia Nacional, como ya sucedió en el caso de los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados, en el marco de la operación Judas.
Ahí sí que el Ministerio Público no tuvo más remedio que acusar por un delito de pertenencia a organización terrorista. Si bien a ocho de ellos les atribuyó, además, delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. No es menos cierto que, en el mismo contexto político que ahora interfiere en la causa de Tsunami Democràtic, desde el pasado mes de junio, la fecha de juicio oral para esta causa de los CDR sigue estando pendiente de señalarse.
No es la primera vez que una Fiscalía, «más jerarquizada que nunca en la Audiencia Nacional», confronta las iniciativas de magistrados como el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para investigar, explorando sin cortapisas dentro de los cauces de la legalidad, la violencia del activismo proseparatista catalán al que Sánchez, ahora, se dispone a indultar.
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