La consejería de Desregulación que Vox estrena en las regiones hará auditorías del gasto y recortes a sindicatos

La Consejería de Desregulación, que va asociada también a la de Servicios Sociales, en el caso de Extremadura, y Bienestar Social, en el de Aragón, y a la de Familia, es una de las novedades que introdujo Vox en el acuerdo que firmó con el PP en ambas regiones. Se trata de una de las carteras que la formación de Santiago Abascal asume desde ahora en los dos nuevos Gobiernos autonómicos, en ambos casos asociada a la vicepresidencia primera, que ostentarán Óscar Fernández y Alejandro Nolasco.

Su objetivo es simplificar la Administración, eliminar trabas y lograr más eficiencia en el gasto público. Y su intención es exportar este modelo a toda España. «Creo que debe ser exportable. Desregular es algo que vienen exigiendo la inmensa mayoría de los españoles, sobre todo los que trabajan y producen, pero también los que reciben algún tipo de asistencia y que ven cada vez más dificultades en el trato con la Administración», manifestó Santiago Abascal en una entrevista con El Debate hace unas semanas, donde subrayó que la desregulación considera que es un principio básico que se necesita.

Esta semana, tanto Fernández Calle en Extremadura como Nolasco en Aragón han dado a conocer los ejes principales de la acción política que planean llevar a cabo desde esta consejería próximamente y a lo largo de la legislatura. Ambos comparten la idea de que la administración, lejos de estar al servicio del ciudadano se percibe en muchas ocasiones como un «enemigo» del ciudadano.

«Extremadura no puede permitirse una Administración que está continuamente asfixiando al ciudadano, a quien quiere trabajar, emprender, formar una familia o acceder a una ayuda. (...) La Administración retrasa soluciones y multiplica cargas. Esto hay que desmontarlo poco a poco», señaló ante la comisión correspondiente el dirigente extremeño, que indicó que desregulación no quiere decir que no haya normas, sino que se mejoren. «Menos duplicidades, procedimientos más claros, y una Administración que deje de ser un obstáculo. Está para servir y no para entorpecer», recalcó Fernández.

En esa misma línea lo expuso Nolasco en Aragón, trasladando que el objetivo con esta consejería es «pasar de una Administración que obstaculiza y genera costes innecesarios a una que facilita la vida de los ciudadanos, las familias y las empresas». «Hay que reducir el gasto superfluo e ineficiente porque esto nos permitirá destinar más recursos a quienes verdaderamente lo necesitan», defendió.

En el caso de Extremadura, desde esta cartera se va a impulsar una política de «simplificación administrativa». Además de manera «transversal» a todo el Gobierno autonómico, y no solo a las dos consejerías cuyas competencias asume Vox. Quieren que se revisen los procedimientos, las cargas innecesarias y que se promueva una cultura administrativa «basada en la responsabilidad y en la confianza de la Administración hacia el ciudadano», para evitar que, como denuncian que sucede ahora, se esté supervisando continuamente al ciudadano como si fuera un delincuente.

Y en consonancia con su reclamo de que la Administración además de ser más sencilla sea exigente en lo que se refiere al gasto público, como indicó Fernández Calle, pretenden desarrollar una política «firme» del control del gasto que s perciba como improductivo: «Cada euro de los ciudadanos se respeta». En este sentido, van a realizar auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos para identificar y suprimir todo gasto «improductivo o carente de justificación».

Así, por ejemplo, tal como se recoge en el acuerdo, se van a reducir las subvenciones a los sindicatos y organizaciones empresariales en un 50 %, y se va a establecer que el acceso a cualquier subvención pública esté condicionado «a la justificación del destino y a su utilidad efectiva», con el principio de prioridad nacional como base. Considera Vox que «cada subvención sin utilidad real o que está usada de manera espuria es una oportunidad perdida para alguien que realmente lo necesita».

En cuanto a Aragón, Alejandro Nolasco desde su consejería quiere que el Gobierno regional impulse el Plan Aragón Agiliza, un proyecto que, como explicó, plantea medidas concretas encaminadas a esa simplificación administrativa, a la reducción de los trámites y a la mejora de la eficiencia en la gestión pública.

Vox propone que se aplique con carácter general el principio de declaración responsable «en todos los procedimientos administrativos y vinculados al medio rural de la actividad económica donde sea legalmente posible». Entre las novedades, plantea el «silencio administrativo» como norma general, para evitar que, como creen que ocurre ahora, el acceso a la administración se perciba como un privilegio, en lugar de como un derecho.

También aquí van a reducir un 50 % las subvenciones a sindicatos y a organizaciones empresariales por participación institucional, así como a aquellas entidades privadas que «no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva», al considerar que en estos momentos hay sindicatos que gastan el dinero público «en fines de lobby o partidistas». Otra de las cuestiones que quieren reducir es la partida destinada a la cooperación al desarrollo exterior, al mínimo imprescindible que marca la ley.

Asimismo, está entre sus líneas de acción como en Extremadura la de llevar a cabo auditorías exhaustivas y periódicas de todo el gasto público, de manera que se identifique y se elimine «cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación».

Por otro lado, quieren impulsar una ley de Unidad de Mercado que permita, según explicó el vicepresidente, que las empresas que tienen licencia en otra comunidad autónoma pueda operar en Aragón «sin trabas adicionales». Y además, prevén reactivar la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos «con funciones de coordinación, diseño presupuestario y coherencia de las políticas económicas entre departamentos con los criterios de la política económica del Gobierno».