El Congreso de los Diputados
El Congreso reescribe su Reglamento en lenguaje inclusivo, con «diputados y diputadas» y términos neutros
La RAE advirtió a los parlamentarios de que «forzar de manera artificial» la forma natural de expresarse no implica avanzar en la igualdad
El Congreso de los Diputados ya tiene preparada una versión de su Reglamento escrita en lenguaje inclusivo. El nuevo texto elimina el masculino genérico y lo sustituye por el desdoble o por términos neutros. Por ejemplo, la palabra «diputados» se sustituirá en el nuevo reglamento por «diputados y diputadas». Y donde pone «el presidente» se cambiará por «la presidencia».
Esta traducción, que llegará el martes a la Mesa de la Cámara, afecta al propio título del Reglamento, que perderá la coletilla «de los diputados» pasando a llamarse simplemente «Reglamento del Congreso», según han precisado a Europa Press fuentes de la Cámara.
La reforma reglamentaria que se aprobó en septiembre para regular el uso de las lenguas cooficiales ya incluyó este cambio en los artículos afectados, en los que ya no se habla de la lengua que podrán usar «los diputados», sino «los diputados y las diputadas».
Reforma integral
La Mesa de la Cámara prevé dar el visto bueno al nuevo texto en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta reforma será la primera de carácter integral desde 1982, porque todos los intentos anteriores han fracasado. Solo han salido adelante reformas puntuales.
El nuevo Reglamento ha sido supervisado por un equipo en el que han participado: la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la vicepresidenta tercera, Esther Gil de Reboledo (Sumar), y las secretarias segunda, Isaura Leal (PSOE), y cuarta, Carmen Navarro (PP).
Una vez aprobado el texto por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, se le dará forma de proposición de ley para que pueda ser tramitado y pretenden que sea una realidad antes del verano.
El ejemplo del artículo 3.1
La reescritura ha afectado a los 207 artículos del Reglamento y a algunas de sus disposiciones.
Por ejemplo, el artículo 3.1 ahora reza: «El Presidente declarará abierta la sesión y por uno de los Secretarios se dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la relación de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los Diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos».
Quedará así: «La Presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupe la Secretaría dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la relación de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, indicando a quiénes pudiera afectar la resolución de los mismos».
«Lo que no se nombra no existe»
«Sabemos que aquello que no se nombra no existe y sabemos también que las instituciones tienen que avanzar al mismo ritmo que avanza la sociedad, dando ejemplo y mostrando compromiso con las reivindicaciones en favor de la igualdad», argumenta Armengol, en declaraciones a Europa Press.
El pasado diciembre la Mesa del Congreso ya aprobó las 'Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria', una guía que aconseja huir del genérico y utilizar palabras como «personal» en vez de «empleados» o «ciudadanía» en lugar de «ciudadanos».
Advertencias de la RAE a los políticos
Esta reforma recibirá el visto bueno después de que la Real Academia Española emitiera una nota sobre el documento aprobado por la Mesa en la que rebatía a las «autoridades» que denuncian el sexismo de muchos usos gramaticales y léxicos y avisaba de que «forzar de manera artificial» la gramática y el léxico no implica avanzar en la igualdad.
«No se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse», sentenció la academia, dejando claro que, más que de cambios lingüísticos, es partidaria de que se hagan leyes que «conduzcan a la equiparación de derechos».
Es más, la RAE «sospecha» que tras los planteamientos que hace la guía parlamentaria se esconde «el deseo implícito de acrecentar la distancia, ya considerable en la actualidad, entre el universo oficial y el mundo real». «Si bien sería de esperar que las administraciones trabajaran para acortarla, parecen más interesadas en aplicar una y otra vez las dobles varas de medir que tan patentemente la ponen de manifiesto», denunció la RAE.
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