Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, al frente del Pleno
Como avanzó El Debate en primicia
El CGPJ debatirá la «inconstitucionalidad» de la amnistía partiendo de dos informes opuestos
Los vocales ponentes, Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, han dado hoy traslado de sus respectivas propuestas de dictamen al resto de los miembros del Pleno que se reunirá el próximo día 21 de marzo
Dos ponentes, dos posiciones, opuestas, sobre la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como avanzó EL DEBATE en primicia, debatirá sobre la «inconstitucionalidad» de la Ley de Amnistía el próximo día 21 de marzo. La propuesta de informe del vocal del sector mayoritario, Wenceslao Olea, hace un examen, con carácter provisional, de la proposición de ley orgánica estructurado en dos bloques: el primero, un análisis minucioso de su exposición de motivos, teniendo muy presente que es la primera vez que se legisla esta medida de gracia desde la entrada en vigor de la Constitución; y, el segundo, tras el estudio de los artículos, con una crítica del texto en su conjunto por su ausencia de constitucionalidad y por su «deficiente técnica jurídica».
Por su parte, la vocal del sector izquierdista, Mar Cabrejas, avala el contenido de la norma que ya se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria. Un motivo que, más allá de los juicios de «proporcionalidad» que, según su criterio, sí supera el texto acordado por el PSOE y sus socios de Junts y ERC, impide al Consejo pronunciarse sobre la materia. Para Cabrejas, aún «no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida», si bien deberá estar sujeta a límites «derivados» de la misma.
Una «motivación» meramente política
Tras el análisis de la exposición de motivos de la proposición de Ley orgánica, la propuesta de informe de Olea concluye que «la motivación de la amnistía tiene, como causa directa e inmediata», el acuerdo alcanzado el pasado 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont, de manera que «la invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia».
Ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro DerechoVocal del CGPJ
Asimismo, el ponente afirma que «la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada». En este sentido, también se pone de manifiesto que «ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho».
Contraria al principio de igualdad
Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe del consejero del sector mayoritario considera que «es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto».
No en vano, Olea advierte de cómo «la proposición de ley orgánica socava el derecho a la igualdad, ya que no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos, toda vez que el fundamento que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario».
No resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto la decisiones adoptadas por los Tribunales [en relación con la sentencia del Supremo a los líderes del procés]
Afirma también que, «conforme a la regulación constitucional, no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los Tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares» cuya potestad recae en el Ejecutivo. Por esta razón concluye que el texto analizado vulnera el principio de separación de poderes.
A juicio del primero de los ponentes, la proposición de ley orgánica «tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular, por cuanto la doctrina constitucional que invoca al respecto no le es aplicable». Ni cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias, pues «el conjunto del texto no justifica que nos encontremos ante una ley razonable, proporcionada y adecuada a los fines que se pretende conseguir».
«Deficiente técnica jurídica»
Olea considera, también, que la proposición de ley orgánica «no delimita con la suficiente y exigible claridad, ni con el adecuado respeto al principio de seguridad jurídica, el ámbito objetivo de la amnistía», pues «la amplia indeterminación de los preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, provocando que la crítica social sobre la eficacia de la ley se concentre en los órganos judiciales».
En su opinión, «resulta imperativa la exclusión del ámbito de la amnistía de todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional, que ha traspuesto la Directiva comunitaria citada en la proposición de Ley orgánica, con el fin último de evitar que la amnistía abarque cualquier tipo de acto terrorista cometido en el contexto del proceso independentista». La propuesta de informe del vocal Olea llama la atención sobre «la omisión que del Código Penal se hace en relación con este delito, con la patente intención de que la tipificación contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la Directiva europea, lo que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa europea».
Resulta imperativa la exclusión del ámbito de la amnistía de todos los delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional
En relación con los efectos de la amnistía sobre la responsabilidad penal, el ponente señala que «la aplicación judicial automática e inmediata de determinados efectos resulta muy difícil de acordar con la premura que se pretende, pues en todo caso requerirá de una motivación que aportará ya, en su caso, los elementos para dictar directamente la resolución definitiva».
También se afirma en la propuesta de informe que «dejar sin efecto una orden europea de detención en la forma establecida en el art. 4.b) puede ser contrario al Derecho de la UE, así como que la no suspensión del procedimiento, cuando se haya suscitado una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial, no se ajusta a la regulación de esos instrumentos procesales de depuración en sede constitucional y de Derecho de la Unión».
El ponente sugiere la supresión de la tramitación judicial preferente y urgente de la amnistía y con plazos máximos taxativos que el texto prevé, al considerar que «va en detrimento de los retrasos ya acumulados en muchos órganos jurisdiccionales del orden penal». «Esta regulación», afirma, «perjudicaría, injustificadamente, a los ciudadanos cuyos procedimientos se encuentran pendientes de resolución y sometería a los miembros de la Carrera Judicial a un ritmo de trabajo más intenso del que ya se viene realizando».
También advierte de que «la obligatoriedad de la aplicación de oficio de la amnistía no parece permitir que los potenciales beneficiados renuncien a ella, lo que incide directamente sobre el derecho a la presunción de inocencia».
Por último, la propuesta de informe crítico afirma que «la atribución al órgano judicial de la facultad de declarar la amnistía de oficio que se establece en la proposición de Ley orgánica contraría principios esenciales de nuestro actual proceso penal, como el principio de oficialidad y el principio acusatorio».
El contrainforme del ala izquierdista
Por su parte, la propuesta de informe de la vocal Mar Cabrejas sostiene que «el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico», ya que la disposición relevante para determinar su anclaje constitucional es el artículo 66.2 de la Constitución Española, que atribuye a las Cortes Generales la potestad legislativa. Así, dice que «no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida», si bien deberá estar sujeta a límites derivados de la misma.
Para alcanzar esta conclusión, la ponente analiza los argumentos que sostienen la existencia de una prohibición constitucional implícita de la amnistía y, frente al que afirma que amnistiar no es legislar, señala que «en nuestro sistema constitucional el concepto de ley se construye a partir de elementos formales (órgano y procedimiento) y no de las cualidades materiales de su contenido». En definitiva, «una ley de amnistía es excepcional, retroactiva y temporal, pero ello no le priva de la cualidad de ley».
El CGPJ «no es competente»
También expone Cabrejas cómo si bien «el principio de igualdad constituye un límite especialmente riguroso para una ley de amnistía, no cabe derivar del artículo 14 CE una prohibición absoluta ab initio de esta medida», ya que el juicio de igualdad «siempre es un juicio relativo y concreto, que requiere la comparación de situaciones jurídicos concretas». Y añade que «tampoco supone una intromisión en la reserva de jurisdicción contenida en el artículo 117.3 CE, pues, como toda ley, presupone necesariamente su aplicación por jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional».
No corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentariaPonente del informe de la Ley de Amnsitía del CGPJ
Para la ponente del bloque más afín al Gobierno, dentro del Consejo, «la constitucionalidad de una ley de amnistía pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que justifica de forma objetiva y razonable la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no lo son y que, verificada la existencia de ese fin, su concreta regulación debe superar un juicio de proporcionalidad».
Es en este último aspecto en el que la vocal considera, sin embargo, que la formulación de un juicio de ese tipo excede de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial. «No corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria», pues el control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya perfectas y publicadas y es «competencia exclusiva» del Constitucional.
Una ley de «carácter excepcional»
La propuesta de informe señala que la proposición de ley describe «con detalle y minuciosidad» en su artículo 1.1 «los actos a los que se extiende su ámbito objetivo», pero que también «contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas como ‘cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad’ (art. 1.1.a) o ‘cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención’ (art. 1.1.c)».
En relación con el espacio temporal de los actos amnistiados, dice que la fecha inicial finalmente establecida, el 1 de noviembre de 2011, «no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos, ni su justificación se desprende del conjunto de la proposición».
Eliminar el efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no parece que esté al alcance del legislador nacionalVocal del CGPJ
Advierte asimismo de que al incluir en el ámbito de aplicación de la ley los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023, «aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha», se genera «una suerte de espacio de no responsabilidad que no resulta compatible con el carácter de ley excepcional de la amnistía».
Sobre la exclusión de los actos que por su finalidad puedan ser calificados como de terrorismo según la Directiva (UE) 2017/541 «y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos», la ponente afirma que «su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto ‘violaciones graves de los derechos humanos’ que puede generar dudas aplicativas, sobre todo si no se entiende vinculado a la noción empleada por el TEDH».
Por último, y en relación con el artículo 4, que matiza el efecto suspensivo del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, la propuesta de informe señala que, según la más reciente jurisprudencia constitucional (STC 15/2024 FJ6), la modificación o «complementación» por otra norma de lo dispuesto en la LOTC no supondría una invasión de la reserva de ley del artículo 165 CE. Sin embargo, señala que «modular o eliminar el efecto suspensivo de la cuestión prejudicial no parece que esté al alcance del legislador nacional».
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