La participación en las elecciones generales del 23-J superó el 70 %
Quedan menos de tres meses
Interior adjudica a Indra el escrutinio de las elecciones europeas más cruciales por casi 11 millones
Igual que en los comicios del 28 de mayo y del 23 de julio, la empresa tecnológica, cuyo accionista mayoritario es el Estado, se encargará de la obtención y difusión provisional de los datos
El Ministerio del Interior ha cerrado con Indra Soluciones Tecnologías de la Información el contrato para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de las elecciones europeas, que en España se celebrarán el domingo 9 de junio, dentro de apenas tres meses. El coste del servicio ascenderá a 10.890.000 euros (impuestos ya incluidos), según el acuerdo alcanzado por la Dirección General de Política Interior, que únicamente está pendiente de ser formalizado.
En realidad, no podría ser otra empresa que no fuera Indra, cuyo accionista mayoritario es el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI), que tiene el 28 % de las acciones. No en vano, en febrero de 2023 Interior suscribió un acuerdo marco con la compañía tecnológica, con el compromiso de que se ocupara del escrutinio en las tres siguientes citas de los españoles con las urnas: las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese año; las generales, que se suponía que iban a ser en noviembre, pero que Pedro Sánchez adelantó a julio; y, también, las europeas de este 2024.
Encuesta de Target Point para El Debate
La corrupción y la amnistía desangran al PSOE y abren un abismo de 12 puntos entre Feijóo y Sánchez
Las elecciones al Parlamento Europeo serán las primeras de ámbito nacional después de las del pasado 23 julio, que Alberto Núñez Feijóo ganó, pero de forma insuficiente. De manera que los populares las plantearán como un plebiscito, después de un inicio de legislatura marcado por la ley de amnistía y, más recientemente, por la trama corrupta que ha golpeado de lleno al Gobierno.
El año pasado, el aumento del control del Gobierno sobre la firma presidida por Marc Murtra dio pábulo a algunas especulaciones sobre su papel en la jornada electoral, en todo momento desmentidas por el Ejecutivo y por la Junta Electoral Central. Para zanjar las desconfianzas, antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023 el Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) sometió a una doble auditoría al software que Indra iba a emplear para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio.
El CCN determinó que el sistema reunía, «desde el punto de vista de la seguridad de las TIC (las tecnologías de la información y la comunicación), las condiciones organizativas, de procedimiento y técnicas para manejar información sensible y grado de conformidad con el ENS (en alusión al Esquema Nacional de Seguridad) en el nivel alto dentro del contexto de ciberinteligencia analizado y la posible potencial amenaza», según un documento firmado por el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Jiménez, que en su día publicó El Debate.
El procedimiento
Indra ha explicado en múltiples ocasiones que no cuenta votos, sino que recibe los datos de las mesas electorales y los sirve. En el escrutinio existe la figura del representante de la Administración. Cada uno de esos representantes tiene una serie de mesas asignadas. Son ellos quienes se encargan de trasladar el recuento de cada una de esas mesas al Centro de Proceso de Datos, a través de más de 23.000 dispositivos móviles. O, donde no sea posible (por falta de cobertura o cualquier otro impedimento técnico), vía telefónica.
Los dispositivos móviles y las aplicaciones que contengan son sometidos a un test de intrusión. Esos móviles no estarán expuestos a redes abiertas, como Internet, para garantizar la «integridad y confidencialidad de la información».
Así funciona el sistema empleado por Indra en el escrutinio
Después, es el Centro de Proceso de Datos el que se encarga de aplicar a los resultados electorales las fórmulas correspondientes para la atribución de escaños, cálculo de porcentajes de participación y comparación con los datos de anteriores procesos equivalentes. Las elecciones europeas tienen la particularidad de que se celebran a circunscripción única. Toda España es una circunscripción, de manera que vale lo mismo un voto emitido desde Soria que uno desde Barcelona.
Por detrás de la SEPI, el siguiente mayor accionista es Escribano Mechanical & Engineering, que ha ido aumentando su participación hasta hacerse con el 8 %. La firma, dedicada a la fabricación de material bélico, está en el epicentro de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) desvelada por El Debate este lunes.
Se investiga un sobrecoste de 21,1 millones de euros en un contrato que el Ministerio de Sanidad adjudicó en plena pandemia para la compra de 5.000 respiradores. Inicialmente, el Gobierno anunció que el encargo se le hacía a la empresa Hersill SA, especializada en la fábrica de este tipo de maquinaria. Pero, posteriormente, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) incluyó a una segunda empresa para que actuara como intermediario: Escribano. Hersill fabricó el pedido encargado por Salvador Illa por 8,6 millones de euros y Escribano se los vendió a Sanidad por 29,7 millones (36 millones con IVA).
El tercer accionista, desde el pasado mes de enero, es Sapa Placencia, una empresa de defensa vasca, con el 7,94 % de la tarta. Y el cuarto es Prisa. Su presidente, Joseph Oughourlian, que es a su vez el presidente del fondo estadounidense Amber Capital, posee el 7,24 % del accionariado.
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