Escribano niega que haya irregularidades en el contrato de respiradores que Illa les adjudicó en la pandemia

La empresa especializada en fabricación de material armamentístico Escribano Mechanical and Engineering niega cualquier irregularidad en el contrato de 36 millones de euros que el Ministerio de Sanidad les adjudicó durante la pandemia para la fabricación de 5.000 respiradores. La compañía da su versión de los hechos tras El Debate haber publicado que la Policía Nacional investiga el contrato después de la presentación de una denuncia por presunto sobrecoste.

«Nos desvivimos para poder sacar adelante la fabricación de los respiradores», comienza. La relación de Escribano con este contrato comenzó nada más entrar en vigor el estado de alarma por el coronavirus. En ese momento, la compañía mandó cartas a varios ministerios ofreciendo la empresa «a disposición del Estado cualquier cosa para ayudar». En paralelo, «compramos guantes y se los regalamos a varias instituciones públicas», añaden.

Tras esta propuesta, el 18 de marzo el Ministerio de Industria se puso en contacto con Escribano para ver si podían ir a evaluar a la empresa Hersill SA, a la que el Gobierno le había pedido la fabricación de 5.000 respiradores en dos meses. «Había que pasar de hacer 50 al año a hacer 100 diarios», explican. «En total éramos cuatro empresas las que nos presentamos para ayudar, pero cuando hubo que que poner dinero por adelantado sólo nos quedamos nosotros», detallan. «Era urgente, se estaba muriendo la gente», recuerdan.

En este punto, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, adelantó 10 millones de euros para las compras de material para poder hacer los respiradores. «A Hersill no se lo pudieron dar porque no tenían ni solvencia económica ni capacidad de producción», explican. «Nos lo dieron a nosotros tras poner como garantía nuestra propia empresa. Es decir, que si no devolvíamos el crédito nos quitaban la empresa», relatan. «Ese dinero ya lo hemos devuelto de manera íntegra porque nos lo descontaron del contrato», explican.

«A nosotros nadie nos ha dicho que la Policía esté investigando esto, todo se hizo de una manera impecable y, además, todo está auditado. Podemos mostrar hasta la última factura», explican. Este periódico publicó que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) puso el foco en el contrato, de 36 millones de euros, en septiembre de 2020 tras la denuncia de un empresario que participó en la ejecución del contrato que sostenía que hubo un sobrecoste de 21,1 millones de euros. Sobre esto, Escribano dice que «las cifras que figuran no son ciertas, nosotros no actuamos como intermediarios de nada, fabricamos respiradores desde cero».

Varias semanas después de que se presentara la denuncia, la Policía abrió diligencias de investigación. «Aquí no ha venido nadie y nosotros tenemos las puertas abiertas, no tenemos nada que ocultar», explican. «Nos jugamos todo lo que tenemos, hicimos grandes inversiones por adelantado para poder entregar los respiradores e incluso fuimos víctimas de estafas en la compra de materiales», cuentan.

«Al final, todo salió bien porque nos desvivimos, llegamos incluso a fletar varios aviones privados desde países como Suiza para traer a España las piezas con las que luego se fabricaban los respiradores. Nuestro equipo humano se jugó la vida», concluyen.