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27 de abril de 2024

Exterior de la cárcel de Brians a primera hora de la mañana

Exterior de la cárcel de Brians a primera hora de la mañana

Los funcionarios de prisiones aparcan la protesta ante los avances conseguidos con la Consejería de Justicia

Los trabajadores contarán con dispositivos de comunicación y emergencia

Los funcionarios de las prisiones catalanas que desde el jueves cortaban los accesos a las cárceles, lo que obligaba al confinamiento de más de 4.000 encarcelados han decidido que este martes no mantendrán su protestas después de las promesas realizadas por la consejera de Justicia, Derechos y Memoria del Gobierno catalán, Gemma Ubasart.
En concreto, Ubasart aseguró que darán dispositivos de comunicación y emergencia a todo el personal, procurarán que haya servicio de vigilancia en los servicios básicos que presta en las prisiones la empresa pública que empleaba a la cocinera de Mas d'Enric y reforzarán el personal de los servicios de cocina para que siempre haya al menos dos trabajadores en cada turno.
Las protestas de los funcionarios se iniciaron el jueves pasado tras la muerte de la jefa de cocina de la cárcel Mas d'Enric de Tarragona supuestamente a manos de un preso que después se suicidó.
El corte de los accesos a las principales cárceles catalanas provocó que los presos tuvieran que permanecer confinados en sus celdas ya que no había trabajadores suficientes para controlar tanto las salidas al patio como a las diferentes actividades que se realizan dentro de las cárceles. Tampoco los familiares pudieron visitar a los reos durante el pasado fin de semana.
Las protestas de los funcionarios también afectaron a los tribunales catalanes. Por este motivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha solicitado al Departamento de Justicia que le informe sobre «los servicios mínimos establecidos con ocasión de la huelga de funcionarios de prisiones, en la medida en que la huelga puede afectar a la actividad judicial».
En una comunicación urgente a la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia, Barrientos solicita esta información en cuanto la protesta de los funcionarios pueda afectar a las comparecencias de los reclusos ante los órganos de la justicia y a la efectividad de las resoluciones judiciales sobre la libertad de los internos.
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