El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, junto a Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo
Con una iniciativa parlamentaria
El PP pide a Sánchez que interceda por los «políticos y religiosos» represaliados por la Cuba comunista
Los 'populares' también pretenden que el Ejecutivo español «exija» al Gobierno de Cuba «la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos»
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó el pasado miércoles 10 de abril una Proposición no de ley (Pnl) –a la que ha tenido acceso El Debate– para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. En la iniciativa legislativa, se demanda que el Congreso inste al Gobierno liderado por Pedro Sánchez a «condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos» y «activistas de derechos humanos».
La formación que preside Alberto Núñez Feijóo expone que «el 11 de julio de 2021, y días posteriores, se produjeron una serie de manifestaciones políticas en Cuba» que «revistieron un carácter prodemocrático, generando malestar en las autoridades cubanas cubanas por colisionar dichas pretensiones» con «la forma de organización política unipartidista en dicho país», donde la única formación política legal es el Partido Comunista de Cuba, que lleva en el poder desde la revolución castrista.
Igualmente, los 'populares' sostienen que «la excesiva reacción del régimen cubano a las manifestaciones se produjo ese mismo día, de mano del propio Miguel Díaz-Canal (presidente del país), quién llamó en la televisión pública 'al combate' contra aquellos que cuestionaban al Gobierno y sus políticas».
Así las cosas, la Pnl remarca que «a la disolución violenta de las manifestaciones, las detenciones y las desapariciones forzadas, se sucedió el procesamiento penal de miles de manifestantes, quiénes fueron sometidos a medidas cautelares de limitación o privación de libertad emitidas únicamente por las fiscalías, todos sin tutela judicial como es amparado por la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, vigente cuando se desarrollaron las detenciones y procesos penales de Cuba».
Concentración en contra del Gobierno cubano en la Embajada de Cuba en Madrid en julio de 2021
«Abundando en el uso de la fiscalía al servicio del poder político, el Comité Contra la Tortura de la ONU expresó, en sus conclusiones del tercer Informe periódico de Cuba el 9 de mayo de 2022, que 'le preocupa la subordinación de la Fiscalía General de la República al Presidente de la República establecido en el artículo 157 de la Constitución'», añade el documento.
Por todo ello, el PP subraya que «se está ante una circunstancia estructural generadora de gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, concretamente en relación con la obligatoriedad para el Estado y sobre el derecho para el procesado a la pública comparecencia ante un juez». Asimismo, el partido ganador de las últimas generales relata que «el régimen cubano se ha encargado de expandir sus limitaciones y violaciones a los derechos y libertades de su personal civil profesional, tales como médicos, marinos, profesores, artistas o deportistas, entre otros muchos, prestando servicios a terceros en el exterior a través del Estado o sus empresas».
De hecho, el escrito resalta que en junio de 2021 «el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, votó a favor de condenar la esclavitud en las misiones laborales de Cuba en el extranjero, incluidos los médicos».
De esta manera, la iniciativa parlamentaria de los 'populares' también solicita que el Congreso inste al Gobierno a «exigir» al Ejecutivo «de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión», y a «manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos».
«Solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares, para que lo puedan hacer en plenas garantías de libertad y sin represalias», zanja la Proposición no de ley.
Comentarios
