España renuncia a marcarse un plazo para la aceptación del catalán y el euskera en las instituciones europeas

El solo hecho de que no acuda el ministro correspondiente, José Manuel Albares, y tan solo esté presente el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ya es sintomático del interés que tenía España en la reunión del Consejo para los Asuntos Generales que se celebra este martes en Bruselas.

España ha renunciado de facto a convencer al resto de países para que acepte el uso del catalán, el vasco o el gallego ya que el mismo Sampedro ha reconocido que no hay plazos para que se apruebe el uso de los idiomas autonómicos en las instituciones europeas a pesar de que, según ha asegurado, en la anterior reunión del Consejo General, España presentó un memorándum de seis páginas y dieciséis puntos en el que se señalaba que «la diversidad lingüística es particularmente relevante en España, dado que es un aspecto fundamental» de la «identidad nacional y constitucional» del país para tratar de disipar las dudas de los países más reticentes.

Sampedro se ha vanagloriado de optimismo, «es una cuestión de seguir nuestro diálogo con los Estados miembros y con el Consejo, pero somos muy optimistas al respecto», ha afirmado Sampedro, pero al ser preguntado por si algún país que había rechazado la propuesta había cambiado de opinión, el secretario de Estado ha afirmado que «son respuestas muy positivas y muy constructivas de entender y comprender de por qué para España es una cuestión de identidad nacional».

Sin informe jurídico sobre su legalidad

Desde que España pidió el pasado mes de agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo en los que se ha puesto de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Gobierno y los asesores legales de la institución.

El Gobierno no ha presentado a sus socios europeos, sin embargo, un informe a los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea que avalen la legalidad de la medida y aclare las dudas jurídicas que distintos países europeos tienen sobre la propuesta española.

Preguntado por este informe y por las dudas de los Estados miembros más reticentes, el secretario de Estado se ha mostrado convencido de que el documento presentado en marzo «permitía abordar todos esos asuntos» y confió en que la mayoría de socios hayan «entendido, por un tema de identidad nacional, la aspiración a que se reconozcan las lenguas oficiales».

«Y que no hay ninguna dificultad práctica para evitarlo, ni desde el punto de vista presupuestario, porque España ya ha dicho en muchas ocasiones que está dispuesto a asumir ese coste, ni desde el punto de vista legal, porque estamos muy convencidos de nuestro análisis jurídico sólido al respecto, ni desde el punto de vista de precedentes», ha zanjado.