El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas
El Gobierno vuelve a la carga con el catalán en la UE amparándose en su «identidad nacional»
Albares envía una carta a sus socios europeos reclamando la inclusión de las lenguas cooficiales y su debate en el Consejo de Asuntos Generales
El debate sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea volverá este martes a tomar protagonismo en Bruselas. Después de dos reuniones del Consejo de Asuntos Generales sin que se abordara el tema, ya que la presidencia belga lo había dejado de lado, España ha demandado ponerlo de nuevo sobre la mesa con el envío de un informe al resto de sus socios.
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue cediendo a las presiones del independentismo catalán, que le reclamaba esta contienda europea a cambio de los siete votos que necesitaba para su investidura en el Congreso de los Diputados. La propuesta fue rechazada durante todo el semestre en el que España presidió el Consejo de la Unión Europea, pero ahora vuelve a la carga.
España ha enviado un informe al resto de los Estados en el que recalca la «identidad nacional» que suponen los tres idiomas cooficiales y, de ahí, la prioridad que supone su inclusión como idiomas oficiales. Es la gran baza que sostiene el Ejecutivo español después de que sus intentos anteriores fueran rechazados por falta de viabilidad y por razones económicas, además del problema a futuro que se podía crear la UE si aceptaban incluir como oficiales las lenguas minoritarias.
El ministro Albares firma la carta enviada a los otros 26 países que forman la UE junto con el memorando del Gobierno. En ella sostiene que la propuesta española es una «prioridad» porque la diversidad lingüística es parte de nuestra «identidad nacional». Recuerda también que la variedad de lenguas es muestra de la riqueza cultural del continente europeo y uno de los valores protegidos por el Tratado de la Unión Europea.
En otra de las partes de la carta, Albares señala que en el Congreso y el Senado ya se pueden utilizar el catalán, el gallego y el euskera como lenguas de trabajo, algo a lo que también se accedió gracias a las exigencias de Carles Puigdemont para investir a Sánchez como presidente.
Rechazo previo
Este informe preparado por España será tratado este martes durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales. Será la primera vez que se aborde el tema desde que el Gobierno abandonó la presidencia rotatoria el 31 de diciembre. Desde entonces, Bélgica había dejado de lado la proposición.
Anteriormente, habían sido varios países los que habían mostrado recelos para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Los principales motivos eran los problemas que podrían conllevar a futuro la inclusión de lenguas minoritarias, ya que otros socios de la UE podían empezar a reclamar lo mismo para sí mismos.
Otros Estados pusieron pegas por la sangría económica que podía suponer la aprobación, por mucho que España hubiera prometido que la factura correría de su cuenta. El coste se calculó en cerca de 132 millones de euros anuales.
Muchos otros vieron problemas en las prisas que tenía España para su implantación, aunque entendían las razones políticas por las que tenía tanto empeño el Gobierno. Por todo ello fue rechazado el proyecto (sin votación), aunque ahora volverá a estar sobre la mesa.
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