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17 de julio de 2024

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (delante), su esposa, Begoña Gómez (d), el fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz (i), y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (c)

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (delante), su esposa, Begoña Gómez (d), el fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz (i), y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (c)EFE

​Los escándalos hacen insostenible la continuidad del Fiscal General del Estado

Al borde de convertirse en el primer responsable del Ministerio Público en ser imputado ante el Supremo, ha sido también el único en ser declarado por el CGPJ «no idóneo» para el cargo

la degradación acelerada de una Fiscalía General del Estado asediada por los escándalos ha colocado contra las cuerdas a su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Los incendios en la Fiscalía se han extendido y las llamas han terminado por achicharrar al fiscal general, cada día que pasa más cuestionado dentro y fuera de la institución.

Al borde de convertirse en el primer responsable del Ministerio Público en ser imputado ante el Supremo, ha sido también el único en ser declarado por el CGPJ «no idóneo» para el cargo.

Pero García Ortiz ha afrontado durante su gestión más de una quincena de sonados escándalos. Un escenario que, como informó El Debate, «compromete, gravemente, la credibilidad de la institución», y hace inviable su continuidad al frente de la cúpula del Ministerio Público.

La filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; la revocación por el Tribunal Supremo de dos ascensos de su protegida, Dolores Delgado; el cambio de criterio de la Fiscalía para dejar de investigar a los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco que, además, implicó la apertura, sin pruebas, de un doble expediente al fiscal Vicente González Mota, inicialmente encargado del caso; la triple negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal confeccione un informe técnico sobre la amnistía; o, el silencio del titular del Ministerio Público sobre las acusaciones de lawfare dirigidas a los fiscales, en el marco de la Ley de Amnistía pactada entre el Gobierno y los separatistas de Junts y ERC, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, han puesto en entredicho la independencia y la imparcialidad del máximo responsable de la institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad, en España.

Como también informó El Debate, las órdenes de García Ortiz en materia de interpretación de la reforma penal de la Ley del 'sólo sí es sí' que vincularon a los fiscales, a modo de directiva, para no apoyar las rebajas de las condenas favorables a los agresores sexuales y pederastas de este país que, una a una, fueron desmontadas por los diferentes tribunales de Justicia, provocaron un profundísimo malestar en el seno de la Fiscalía.

También causó estupor el inexplicable cambio de criterio, conocido por la cúpula de la Carrera, en la interpretación del terrorismo de la causa de Tsunami Democrátic, contra el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia Española, Carles Puigdemont, tras las elecciones generales del pasado 23-J.

Pero el tema que le ha situado al borde de la imputación es la filtración de datos del novio de Ayuso.

La polémica más reciente en el haber del fiscal general le sitúa en las órdenes directas a la Fiscalía Provincial de Madrid para emitir un comunicado oficial en el que se revelaron datos confidenciales de un particular, el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación penal abierta a éste por un presunto delito tributario.

La reciente imagen del fiscal general compadreando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez en el aniversario del reinado de Felipe VI ha sido el remate a uno meses de alto voltaje en los que el García Ortiz se ha empleado fondo para validar la amnistía a los separatistas. La situación es tan compleja que el fiscal general se encuentra al borde del precipicio.

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