El fiscal general, imputado por revelación de secretos, se queja por las filtraciones del informe de la UCO

El magistrado de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos, ha señalado que «no cabe poner reproche» al trabajo realizado por «una unidad tan especializada» como es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento».

Lo ha establecido en una providencia que ha dictado este jueves en la que, sin embargo, responde negativamente la solicitud de Álvaro García Ortiz para que se ordenara a la UCO que no incluya «mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos, en su informe» pendiente sobre el volcado del móvil que le fue incautado al titular del Ministerio Público durante la entrada y registro a su despacho. También arremete contra la UCO «minimizar» en su informe el número de personas que tuvieron acceso a la filtración del citado correo.

Así, arremete contra la Guardia Civil por incluir en su análisis de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre su círculo de confianza en la Fiscalía General y la fiscal jefe de Madrid «constantes referencias a la subordinación jerárquica», las cuales, según García Ortiz, «resultan profundamente desafortunadas, tanto por desconocer las relaciones profesionales como los deberes estatutarios establecidos entre los diferentes niveles de la carrera fiscal».

El fiscal general y la fiscal jefe provincial denunciaban en su escrito lo que entienden que son «irregularidades y omisiones», en el primer informe pericial aportado por los agentes al juez Hurtado, resultante de lo extraído del terminal de la segunda de ellos, que se dio a conocer el pasado 21 de noviembre. Un extremo que ha descartado el juez al entender que el trabajo realizado hasta la fecha por los guardias civiles asignados ha sido impecable.

La Abogacía del Estado, en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afeado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en su último informe atribuyera a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, la filtración de la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Esta afirmación carece de fundamento y omite hechos relevantes sobre el posible acceso por terceros a dicha denuncia, así como al informe de la Agencia Tributaria», apuntan los Servicios Jurídicos del Estado en un escrito.

Por el contrario, el magistrado de la Sala de lo Penal sí ha acordado deducir testimonio y enviar al decanato de los juzgados de Madrid, a los efectos oportunos, las quejas plantadas tanto por García Ortiz como por Pilar Rodríguez por las filtraciones del informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 21 de noviembre que señaló la «participación preeminente» del fiscal general en la presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En la misma providencia, acuerda que se envíe además su auto de 25 de noviembre con las advertencias que el mismo contiene sobre el secreto de las actuaciones.

El instructor ha tomado la misma decisión en relación con una queja presentada por el abogado de la acusación particular, en representación de Alberto González Amador, también por filtraciones.