El paquete de medidas que Vox lleva al Congreso para hacer frente a la inseguridad en España

El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso para su debate y votación en el Pleno una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para disminuir la delincuencia en España. En ella pone sobre la mesa una serie de planteamientos para hacer frente a la creciente inseguridad que denuncia que hay en nuestro país, y que van desde restablecer el OCON Sur, que es la unidad de la Guardia Civil dedicada a luchar contra el narcotráfico, hasta expulsar a los inmigrantes que han entrado ilegalmente, poner en marcha un plan de lucha contra el tráfico de personas o aumentar la presencia policial para evitar que se formen guetos, que luego derivan, como ha ocurrido en países como Francia o Suecia, en zonas 'no go'.

En su iniciativa, la formación de Santiago Abascal señala, por un lado, que desde 2018, cuando Pedro Sánchez formó su primer Gobierno y Fernando Grande-Marlaska llegó al frente del Ministerio del Interior, la delincuencia en España «no ha dejado de crecer», y por ende, se ha extendido la sensación de inseguridad «en amplios sectores de la sociedad». Incide así en el caso de las mujeres, ante al aumento de los delitos sexuales, o en el caso del mundo rural, donde denuncia una reducción progresiva de la presencia de la Guardia Civil.

Tilda, por otro lado, de «insignificante» la dotación de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y reprocha que no exista un marco jurídico adecuado que les permita «contar con respuestas jurídicas eficaces para realizar su trabajo con plenitud y responder a los nuevos tipos de delincuencia». En este punto, Vox critica la reciente reforma de la ley de Seguridad Ciudadana -pactada por el PSOE y Bildu y contra la que en su momento Vox presentó una enmienda a la totalidad- por «el deterioro del principio de autoridad y la desprotección de los agentes» que conlleva.

En un segundo eje de esta moción, el partido pone el foco en lo que supone la inmigración ilegal y la amenaza latente del terrorismo yihadista, tanto en España como en toda Europa. Recalca en este sentido que «más que ante un aumento puntual, nos encontramos ante una tendencia de crecimiento del terrorismo» en el territorio comunitario, dado que, a la luz del último informe elaborado por Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE, del que Vox se hace eco, en 2023 se produjeron 120 atentados, cerca de cien más que en el año anterior. Y una gran mayoría de los detenidos por terrorismo (el 78 %) tuvieron motivación yihadista.

Pero destaca otro dato: de las 426 detenciones que se produjeron en la UE en este ámbito, 84 fueron en España, lo que convierte a nuestro país en «el Estado miembro que más detenciones por terrorismo llevó a cabo» en 2023, un dato, denuncia Vox, que viene a demostrar el «peligro creciente que supone la radicalización islámica» que sufre España. Recuerda además el caso del ataque de Algeciras en el que fue asesinado un sacristán a manos de un inmigrante ilegal con una orden de expulsión pendiente. Como contó El Debate, en 2023 más del 95 % de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión seguían en España. El partido de Abascal ha venido recriminando que estas expulsiones no se ejecuten a excepción de un porcentaje «ínfimo» comparado con el número de inmigrantes que llegan irregularmente.

Y, por otro lado, Vox alerta también en su iniciativa parlamentaria de que en países de los que procede en buena medida la inmigración ilegal que recibe España, Marruecos y Senegal, se han llevado a cabo «indultos masivos» por el fin del Ramadán que han afectado a más de mil presos en cada uno de ellos y de forma «discrecional». «Cabe preguntarse cómo garantizará el Gobierno que entre los inmigrantes ilegales que arriban a nuestras costas -sin identificación previa- no se encuentren individuos beneficiados por estas medidas de gracia», señala la formación.

Por todo ello, plantea en su texto una lista de medidas en aras de hacer frente a la inseguridad que crece por varios frentes. Así, pide restablecer «de inmediato» el OCON Sur en Andalucía -el partido ya ha preguntado al Gobierno en alguna ocasión por qué decidió desmantelar esa unidad especializada de la Guardia Civil pese al «crecimiento exponencial» de la entrada de cocaína-. También propone desarrollar un plan integral de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que se aumenten los efectivos, que haya un mayor despliegue de la Guardia Civil en el entorno rural, que mejoren sus condiciones laborales y salariales y que se modernicen los medios, entre otras cosas.

Vox plantea asimismo que se refuercen las dotaciones de las FCSE en Ceuta, Melilla y Canarias para «garantizar la integridad de nuestras fronteras»; también, que se desarrolle un plan para luchar contra las redes de tráfico de personas y las ONGs que colaboran con ellas, y que se refuerce la presencia del Centro Nacional de Inteligencia en Marruecos y en Senegal.

Quiere que haya un «plan especial» con medidas para reforzar las unidades de las FCSE que se dedican a prevenir y a desarticular conexiones entre inmigración ilegal y terrorismo yihadista. Y relacionado con esto, propone que se ponga en marcha un plan para prevenir y actuar contra la radicalización fundamentalista islámica, que se eliminen las ayudas públicas a las asociaciones vinculadas con ella o que se cierren las mezquitas «que fomenten el yihadismo».

El partido de Abascal pide que se garantice presencia policial para evitar que se formen guetos, donde, alerta, «el Estado de derecho desaparece y se impone la ley islámica, la rivalidad entre bandas y el crimen organizado». Y reitera su propuesta de expulsar a los inmigrantes ilegales y de devolver a los menores a sus países de origen con sus familias, así como su rechazo a la cesión de las competencias migratorias a cualquier región de España.