​Más de cien asociaciones convocan una nueva concentración para exigir a Sánchez que dimita y celebre elecciones

Un centenar de asociaciones de la sociedad civil, concretamente 129 entidades, aglutinadas en la Plataforma por la España Constitucional preparan una nueva manifestación para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Será el 10 de mayo, sábado, a las 12:00 horas en la Plaza de Colón de Madrid, según ha podido saber El Debate, bajo el lema 'Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya'.

Llega después de la que organizaron el 20 de octubre en la Plaza de Castilla y a la que acudieron decenas de miles de personas para clamar «por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad» y denunciar el «gravísimo deterioro de la democracia» en España. En ella se pudieron escuchar los discursos de diferentes personalidades de la sociedad civil, desde Alejo Vidal-Quadras, presidente del Fundación Foro Libertad y Alternativa; Marcos de Quinto, exdirigente de Ciudadanos y secretario de Pie En Pared; o Miguel Henrique Otero, presidente y director de El Nacional de Venezuela hasta Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, el empresario Ignacio Trillo y los periodistas Albert Castillón, Carlos Cuesta y Luis del Pino.

En su manifiesto para aquella concentración, esta plataforma subrayó que no se trataba de una concentración de izquierdas, derechas o centro, «sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común, pervierten la Constitución y la ley y ponen las bases para una irreversible decadencia».

Se hacía alusión a las concesiones al separatismo, siendo en ese momento el cupo catalán la más reciente, también a las «presiones y agresiones» por parte del Gobierno a los jueces, a la ley de amnistía «inmoral e inconstitucional», a la colonización de las instituciones, a los ataques a la prensa libre, a la connivencia con el régimen de Nicolás Maduro o a los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno, a su principal partido y al entorno más próximo del jefe del Ejecutivo, entre otras cosas de una gruesa lista.

Actuaciones todas ellas ante las que llamaban a los ciudadanos a no permanecer «impasibles» ni verlas como «hechos aislados», porque, alertaba entonces la plataforma, lo que hay delante es un proceso que busca alterar las bases de la democracia y hacer que el PSOE y sus socios «se repartan de manera permanente el poder y los privilegios» en último término.

Han pasado seis meses desde entonces y las cesiones al independentismo han continuado -el Gobierno ha pactado la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña y ha acordado con Junts el reparto de menores-; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa en su cargo pese a estar imputado por revelación de secretos, y ahora, incluso pretende colocar a un fiscal afín como jefe de los delitos por los que está siendo investigado por el Tribunal Supremo; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tal como ha contado El Debate, maniobra para bloquear la consulta de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia de los ERE; las informaciones sobre los casos de corrupción siguen aflorando, lejos de archivarse ninguno de los casos abiertos; el Gobierno está «en rebeldía constitucional», como le recrimina la oposición, por no presentar Presupuestos y mantener prorrogados los de 2023, entre otras cosas.

Ante esta situación, las asociaciones de la sociedad civil, que ya han movilizado a los españoles en muchas ocasiones los últimos años para denunciar la amenaza que se cierne sobre nuestra democracia, vuelven a llamar a los ciudadanos, sin partidismos, a las calles «por la dignidad de España».