La maniobra de Conde-Pumpido contra la cuestión prejudicial de los ERE llega a oídos de la Comisión Europea de Justicia

El próximo mes de julio, la Comisión Europea de Justicia, comisariada por primera vez por el irlandés Michael McGrath, hará públicos los resultados del análisis anual sobre la salud del Estado de Derecho entre los países miembros de la Unión. El dictamen para España será el resultado de las entrevistas que los responsables de la división jurídica de la UE han venido manteniendo, a lo largo de los últimos meses, con las diferentes asociaciones profesionales, instituciones y fundaciones especialistas en materia jurídica de nuestro país.

Y, lo cierto, es que si alguna novedad ha llamado la atención en Bruselas, más allá de las habituales injerencias del Gobierno de nuestro país en la Fiscalía General del Estado –cuyo máximo titular se mantiene en el cargo pese a estar imputado ante el Supremo– y de la pretendida amenaza de impunidad que representa la Ley de Amnistía para la corrupción perpetrada por el separatismo catalán, en 2017, contra los intereses financieros de la propia Unión; es el hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido haya tratado de sentar un precedente en este último sentido, impidiendo la revisión de la sentencia de los ERE ante el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) a petición de la Audiencia de Sevilla.

Así las cosas, según ha podido saber El Debate, esta última tentativa de maniobra de Conde-Pumpido para evitar que el órgano andaluz elevase una cuestión prejudicial a Estrasburgo, en una materia tan sensible como la malversación de fondos públicos, entre los que podrían estar afectados algunos procedentes de la hucha comunitaria, ha llegado a oídos de Europa. Un escenario que podría tener una incidencia no menor en las próximas conclusiones que se extraigan sobre la calidad de la independencia del Poder Judicial español frente a los estándares europeos recomendables para todos los países de nuestro entorno.

No en vano, son muchos los que, en la medida de sus posibilidades, a través de diferentes grupos de trabajo y, en ocasiones –gracias a la labor de catedráticos de Derecho Constitucional y juristas expertos en Derecho comparado– han venido denunciando ante la Comisión cómo el nombramiento de «personas seleccionadas por afinidad ideológica», por ejemplo el titular de la Corte de Garantías y el propio Álvaro García Ortiz, es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la democracia española de nuestros días.

No en vano, cuando las decisiones sobre dos puestos de máxima responsabilidad como lo son las Presidencias del TC y del Ministerio Público «responden a lealtades políticas» en lugar de a «criterios de mérito y capacidad», esto en la práctica se traduce en soluciones legales «extravagantes» como la que emitió la mayoría izquierdistas del Pleno de la Corte de Garantías en el asunto del dinero de los parados de la Junta socialista de Andalucía.

Una decisión en la que se «invadieron competencias» propias del Supremo para eximir de responsabilidades penales a políticos afines al partido en el Ejecutivo. Y, no contento con ello, Conde-Pumpido al enterarse de que el tribunal de instancia competente para dictar una nueva sentencia, en base a lo resuelto, se preparaba para plantear una discrepancia, entonces, «trató de buscar la manera de impedir que lo hiciese».

La lectura de cara a Europa no puede haber sido más nefasta: el Tribunal Constitucional español, órgano de «supervisión de la actividad legislativa» del Parlamento que, a la vista de lo ocurrido, ha pasado a «estar completamente capturado por intereses partidistas».