La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Montero no se fía de Tragsa después del escándalo del enchufe de la «sobrina del ministro»
El ciclón Jessica, lejos de perder su fuerza, se incrementa a medida que se conocen más datos de cómo la trama enchufaba a las parejas de Ábalos en empresas públicas y con la connivencia de la expresidenta de ADIF
Jessica Rodríguez García, ex amante de José Luis Ábalos, envió el pasado martes 15 de abril un nuevo escrito a la Comisión del Senado, que investiga los presuntos delitos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez en la trama tejida entre el exministro de Transportes, Víctor de Aldama y Koldo García, para precisar que no había «solicitado un aplazamiento de la comparecencia». Su «decisión definitiva e irrevocable» es «no acudir» a dicha Comisión por causa de salud y porque «los usos» en «las comparecencias» le transmiten «una marcada sensación de indefensión y desamparo».
En su comunicación con la Comisión Delorme, la odontóloga, como ella recalca en su escrito, manifiesta que «nada tengo que rectificar ni añadir a lo que ya declaré ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cualquier otro dato que no hubiera facilitado, lo desconozco». Las palabras de la ex pareja de Ábalos chocan con la estrategia del Ministerio de Transportes, que envío a través de Ineco un informe al juez Leopoldo Puente en el que la sociedad mercantil estatal aseguraba que «las horas fueron imputadas directamente por la trabajadora» y que el acceso individualizado se realizó «en un entorno seguro con control de accesos».
Óscar Puente, en su segunda declaración en la Comisión de Investigación de la Cámara Alta, tendrá que decidir si se inclina por la versión que firma la sociedad mercantil que depende de su ministerio e ignora la declaración de Jessica, «rigurosamente» cierta según su escrito, que no trabajó ni en Ineco ni en Tragsatec. Sobre todo, cuando le persigue una auditoría realizada en el inicio del caso, dónde no aparece ninguna de las irregularidades que detalla el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos tanto de la «sobrina del ministro» como de Claudia Montes, Miss Asturias, como auxiliar administrativa en LogiRail, filial de RENFE.
Mensaje en X del ministro Óscar Puente
Montero no se fía de Tragsa
Por otra parte, la inspección que ha abierto el Ministerio de Hacienda a Tragsa y a su filial Tragsatec por el impuesto de sociedades y retenciones del IRPF a los trabajadores tiene como objetivo acceder a todas las contrataciones que se han realizado en el grupo, cuáles han sido los salarios y retenciones aplicadas, así como la duración de los mismos. Además, esta información le proporcionaría a María Jesús Montero un listado con nombres y apellidos del personal eventual del holding público.
Este control demuestra que Montero no se fía de la auditoría realizada por el grupo Tragsa, cuyo máximo accionista es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que depende de su ministerio y reporta a Belén Gualda González, presidenta de su «confianza» desde que coincidieron en la Junta de Andalucía. La inspección fiscal le daría información privilegiada para conocer cuántas «sobrinas» podrían están enchufadas en la entidad pública, porque todavía la investigación no ha descartado que sean las únicas.
El ciclón de Jessica sitúa a Pardo de Vera al borde de la imputación
El ciclón Jessica, lejos de perder su fuerza, se incrementa a medida que se conocen más datos de cómo la trama enchufaba a las parejas de Ábalos en empresas públicas, sin proceso de selección ni control, y con la connivencia de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que todavía llegó a preguntar internamente «qué pasa con TRAGSA, que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas».
El Debate contó en primicia «la decisiva participación» de Isabel Pardo de Vera en la contratación de Jessica, con una retribución de 16.533 euros brutos anuales, cuyo puesto estaba adscrito a Presidencia de ADIF y ubicado en las oficinas de la calle Sor Ángela de la Cruz. Las funciones fijadas por ADIF eran el análisis, control y tramitación de documentación administrativa y el manejo de aplicaciones de gestión documental y contable. Cada mes hasta la finalización del contrato, ADIF certificaba el trabajo de Jessica, que ella misma ha negado realizar, y por el que ahora el Supremo ve indicios de delito en la actuación de Pardo de Vera por la «irregular y caprichosa contratación» de la amante de Ábalos.
De esta forma, el ojo del huracán se desplaza cada semana de forma intermitente a los distintos ministerios -de Óscar Puentes al de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para trasladarse al de Agricultura de Luis Planas- salpicados por el escándalo de la «sobrina» del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE.
