La negativa del Gobierno y del PSOE a actuar contra Leire Díez los convierte en más sospechosos

Fernando Grande-Marlaska fue uno de los ministros que compareció este martes en la Moncloa al término del Consejo de Ministros, pero como si no lo hubiera hecho. Sus dos respuestas a preguntas sobre la actividad de la UCO y el vídeo de la fontanera del PSOE Leire Díez fueron tan sumamente alambicadas, tan preparadamente enrevesadas, que no aclararon nada.

El ministro del Interior empezó mostrando su «máxima consideración» y la de todos los miembros del Gobierno a la UCO y al resto de las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; continuó recordando que estas unidades de policía judicial «actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales»; siguió diciendo que no se puede acusar a sus agentes de filtrar información alegremente; y terminó pidiendo al juez del caso hidrocarburos que actúe contra no se sabe muy bien quién para averiguar cómo ha llegado el vídeo a El Confidencial.

Lo único que quedó claro, y no por Grande-Marlaska sino porque así lo confirmaron en la Moncloa terminada la rueda de prensa, es que el Gobierno renuncia a emprender cualquier acción legal contra Díez. Una militante del PSOE que ha sido cargo del Ejecutivo -en empresas públicas- y del partido pero que, según los socialistas, actuó por cuenta propia y temeraria cuando se reunió con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el caso de hidrocarburos junto con Víctor de Aldama, para ofrecerle un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sobre el teniente de la UCO Antonio Balas.

El Gobierno justifica su decisión en que ningún juez les admitiría a trámite esa denuncia -por ejemplo, por difamación-, porque en el vídeo en ningún momento dice hablar por mandato del Ejecutivo. No hará nada el Gobierno ni tampoco el PSOE, que el lunes también renunció a emprender acciones legales contra Leire Díez. El partido ni siquiera le ha abierto un expediente informativo, que sería de esperar si, como asegura Ferraz, es una impostora. Hasta ahora, el PSOE solo ha adelantado acciones contra El Confidencial.

Lo más llamativo es que, a mayores, el Gobierno también ha dado un paso atrás en su decisión de denunciar la filtración de los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos a El Mundo, como el pasado martes y el anterior anunció que haría si la Justicia no abría una investigación de oficio. Cosa, por otra parte, harto complicada teniendo en cuenta que una de las partes, el exministro, ha reconocido haber autorizado al periódico la publicación de los mensajes. Si no todos, la mayoría.

El Ejecutivo llevaba dos semanas diciendo que tomaría medidas si los tribunales no abrían una investigación motu proprio para conocer los términos de la filtración. «Es importante llegar hasta el fondo porque no hay nada que esconder. Ha habido una violación de la intimidad y del secreto de las comunicaciones. Si no hay una investigación, no se preocupe que el Gobierno tomará sus medidas», señaló el martes pasado la portavoz, Pilar Alegría.

Este martes, de pronto, desde el Gobierno han echado el freno, dando a entender que finalmente no denunciarán, aunque sin confirmarlo aún. «Es una decisión complicada», señalaron.