La corrupción política ahoga al PSOE en el séptimo aniversario de su moción de censura

El séptimo aniversario de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia pilla al Gobierno y al PSOE en su momento de máxima debilidad, ahogados por la corrupción económica, política y moral que Pedro Sánchez prometió venir a combatir cuando se presentó delante del hemiciclo el 31 de mayo de 2018.

Ironías del destino, en su discurso de aquel día hizo una «mención especial» al que calificó como «uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado social y democrático de derecho». «Ese eslabón lo conforma un pequeño grupo o un pequeño gran ejército, mejor dicho, de hombres y mujeres honestos que no se dejan intimidar por las presiones y que consagran su labor al servicio público desde la Judicatura, desde el Ministerio Fiscal o también desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son los servidores públicos, que luchan pequeñas batallas cotidianas contra quienes se valen de artimañas procesales, contra quienes manipulan instituciones para allanar el camino a la impunidad. Son aquellos que no ceden a chantajes ni a presiones, son aquellos que no se dejan intimidar y desempeñan una labor imprescindible para el Estado social y democrático de derecho. Este país, señorías, tiene mucho que reconocer a la inmensa labor de quienes levantan el último dique de contención al servicio de la democracia, la fortaleza y la limpieza de las instituciones», proclamó el entonces líder de la oposición.

Hubo un tiempo en el que a Sánchez le gustaba conmemorar el aniversario junto a sus diputados y senadores, celebrar cada año por estas fechas haber sido el protagonista de la única moción de censura que ha triunfado en España. Pero en 2024 ya no hubo brindis y, este año, menos aún.

El Ejecutivo y el partido, tanto monta monta tanto, han entrado en modo supervivencia; mentalizados para resistir escándalo tras escándalo, día tras día. Así hasta 2027, pretenden. Una semana es la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente por malversación y tráfico de influencias. Otra, los whatsapps entre el presidente y José Luis Ábalos, en los que el primero se interesa por el rescate de Air Europa cinco días después de que su mujer se hubiera reunido con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, según un mensaje interceptado a Víctor de Aldama.

La siguiente, el secretario de Organización del PSOE maniobrando para anticiparse a un informe de la UCO que, supuestamente, lo vincula a la adjudicación irregular de las obras del túnel de Belate, en Navarra. La de ahora, la aparición de una fontanera socialista que iba ofreciendo acuerdos con la fiscalía y ascensos en nombre de «los de arriba» a cambio de información para destruir a mandos de la UCO.

La próxima, quién sabe. Y es precisamente esa incertidumbre lo que carcome los nervios de los socialistas, empeñados en sostener una tesis insostenible: la de que todo es una operación de la derecha política, judicial, policial y mediática contra el Gobierno para derrocarlo. «Estamos siendo víctimas de una serie de organizaciones cuya coordinación, sincronización y organización llama mucho la atención», insisten desde la Moncloa.

Pero los hechos apuntan a que su problema es de fuego amigo. Fue Ábalos -y no la derecha- el que entregó los whatsapps a una persona de su confianza para que, a su vez, se los hiciera llegar a El Mundo. Y fue él quien autorizó su publicación, lo que a su vez desbarató el intento del Gobierno de judicializar la filtración de esos mensajes, que en un primer momento María Jesús Montero trató de achacar a la UCO.

Y, en el vídeo publicado por El Confidencial, quien aparece es una militante del PSOE -no del PP ni de Vox-. El PSOE la llamó ayer en un comunicado «afiliada de base», pero hasta febrero fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos y, antes, directora de Comunicación de la empresa pública Enusa.

En ese comunicado, Ferraz anunció la apertura de un expediente informativo contra Leire Díez. Lo hizo después de pasarse más de 48 horas dando excusas para no hacerlo, como si en el partido tuvieran miedo a las consecuencias. Y solo movido por una presión interna creciente para que la Secretaría de Organización pusiera distancia con la incómoda militante, que entraba y salía de la sede nacional del PSOE y se codeaba con lo más granado del partido, a juzgar por su álbum de fotografías. A pesar del daño reputacional del que el PSOE la acusa, la formación no adoptó medidas cautelares contra ella.

Este miércoles, durante una conversación informal, a un miembro de la dirección del PP le preguntaron en los pasillos del Congreso si la situación del PSOE actual le recordaba a los últimos años del felipismo. Y contestó que la diferencia fundamental es que Felipe González tenía líneas rojas, códigos. El primero, no cuestionar el Estado de Derecho.

En aquel mayo de 2018, Sánchez hablaba así de la corrupción: «La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, los poderes del Estado (…). La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad», sostuvo en su discurso. Entonces era la paja en el ojo ajeno; ahora es la viga en el propio.