Una asociación de fiscales solicita multar a la 'dos' de García Ortiz por su «mala fe» intentando retrasar el juicio

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera que la petición presentada por la número dos de Álvaro García Ortiz para suspender el procesamiento de su jefe en la causa que se sigue contra él en el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos, «entraña un fraude de ley».

Y por ello, además de oponerse a la práctica de las nuevas diligencias solicitadas por ésta al instructor Ángel Hurtado, para que declaren de nuevo varios periodistas, ha solicitado al magistrado que le imponga una multa por su «mala fe procesal, dado que lo único que busca es retardar la tramitación del proceso» que, en un plazo máximo de diez días, sentará en el banquillo al fiscal general del Estado, por primera vez en la historia de la democracia.

En el escrito registrado por los letrados de la entidad profesional personada como acusación, y al que ha tenido acceso El Debate, se llama la atención sobre cómo la representante del Ministerio Público –que mantiene una dependencia jerárquica subordinada a la del titular de la Institución, quien pese a su situación judicial ha descartado apartase de su cargo– invoca un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en concreto el 780.2, por el que manifiesta su imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de los elementos esenciales para la tipificación de los hechos de los que se acusa a García Ortiz.

Y, todo ello, cuando es público que en los últimos días ha recurrido el auto de procesamiento dictado por el Supremo contra él, aportando todo tipo de argumentos para desmontar los indicios detallados en base a los cuales el magistrado motivó su decisión de sentarle en el banquillo.

Además, los abogados de la APIF han insistido en recordar que no es la primera vez que la Fiscalía se posiciona alineada con los intereses de su máximo responsable y procesado, para quien se ha tratado de conseguir la nulidad de la entrada y registro en su despacho profesional. Por no mencionar cómo la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha venido «oponiendo a todos los recursos de las acusaciones y, por el contrario, se ha ido adhiriendo a todas las solicitudes de la defensa», ejercida por la Abogacía del Estado.