El ocultamiento de los vuelos en Falcon de Begoña Gómez y las reuniones secretas con Barrabés llevan a Sánchez al TSJM

El oscurantismo de Moncloa y su afán por proteger a Begoña Gómez ya está en manos de la justicia, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra Presidencia del Gobierno por desobedecer las resoluciones 1057-2024, de 19 de septiembre, y la 1032- 2024 de 16 de septiembre, ambas dictadas el pasado año por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por las que se condenaba a Presidencia del Gobierno a hacer públicos los viajes al extranjero en Falcon realizados por la esposa del presidente.

Y también las reuniones secretas que éste ha mantenido con el empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados en la causa que investiga el juez Peinado y que tiene como epicentro las actividades profesionales de Gómez, respecto de las cuales la implicación del Grupo Barrabés fue clave para el desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, según ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto, según el documento al que ha accedido El Debate, este 21 de mayo la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, ha admitido a trámite la denuncia de este periódico en defensa del derecho a la información ante la negativa de Presidencia del Gobierno a cumplir con esas dos órdenes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, relacionadas directamente con la esposa del presidente.

Una de ellas es la resolución 2024-1057, dictada el pasado 19 de septiembre y que obligaba a Moncloa a detallar cuántas veces ha usado el Falcon presidencial Begoña Gómez, así como los destinos y motivos de tales viajes, además de aclarar si las arcas públicas han costeado vuelos comerciales a la esposa de Pedro Sánchez.

En ella, el organismo independiente obligaba a Moncloa a desvelar la «relación de medios de transporte aéreos oficiales utilizados por la mujer del presidente del Gobierno, acompañando o sin acompañar al Sr. presidente, con indicación del medio de transporte empleado, destino del viaje, escalas efectuadas y motivo de dichos desplazamientos, así como de aquellos otros utilizados que no se hayan realizado en medios oficiales pertenecientes al ejército español».

Sin embargo, Presidencia hizo caso omiso a la resolución firme del CTBG, por lo que, tras un requerimiento previo ya publicado por este periódico, ahora es la Justicia la que admite a trámite la denuncia, ya que conocer los vuelos y desplazamientos realizados por Gómez permitiría conocer si se ha servido o no de su condición y de los recursos públicos que tiene a su disposición para realizar los negocios que la tienen sentada en el banquillo.

En concreto, el juez Peinado investiga el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. Por lo que permanecen como imputados, además de la propia esposa del presidente, su asesora, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Según ha podido saber este periódico, Begoña Gómez se halla en posesión de un pasaporte diplomático. Quizá en ese dato se encuentre la razón por la que el presidente del gobierno desobedezca sin causa alguna el mandato por el que deba hacer pública la relación de viajes en el Falcon de Begoña Gómez.

Las reuniones secretas entre Sánchez y Barrabés

Por otra parte, otra de las resoluciones sobre las que Presidencia tendrá que rendir cuentas en el TSJM es la 2024-1032 con la que el órgano independiente metía de lleno el dedo en una de las llagas que más dolores de cabeza causan al presidente del Gobierno: las reuniones secretas con Barrabés en Moncloa.

Este empresario, que colaboró activamente en el máster de la UCM que impartía junto a Begoña Gómez, fue también beneficiario, a través de su consultora Innova Next, de algunos de los contratos licitados por la administración en cuya propuesta se incluían cartas de recomendación por parte de la esposa del presidente.

En su primera declaración, como testigo y por tanto obligado a decir la verdad, aseguró que se reunió en el Palacio de la Moncloa con la esposa del líder del Ejecutivo entre cuatro y ocho veces, y que en «una o dos» de esas citas estuvo presente Pedro Sánchez.

Sin embargo, en su segunda declaración, ya como imputado, contestó solo a las preguntas de su abogado y explicó que se reunión con Begoña «bastantes veces» y que estos encuentros tuvieron lugar «en la Moncloa o en mi oficina». Además, también reconoció haberse reunido con Sánchez, pero puntualizó que aquellos encuentros fueron con motivo de su trabajo y la «innovación».

Pese a todo, La Moncloa jamás dio las explicaciones solicitadas por este periódico y fue el CTBG el que obligó a Presidencia a detallar la «relación de encuentros oficiales mantenidos en el Palacio de la Moncloa entre el presidente y el empresario Carlos Barrabés; motivo de tales encuentros y relación de personas que acudieron a los mismos», sin que hasta ahora lo haya hecho.

Por tanto, ahora será la Justicia la que tiene en su mano obligar a Sánchez a dar las explicaciones pertinentes al respecto y a cumplir con su deber de obedecer las órdenes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que ningunea de forma reiterada solo para intentar encubrir lo que ocurre tras los muros de Moncloa.

Y es que, precisamente tras estos muros se han realizado algunas de las actividades que tienen al Gobierno de Sánchez en el punto de mira, pues allí, con la excusa de evitar el desplazamiento de todo su operativo de seguridad, Begoña Gómez se reunió con algunos de los integrantes de su cátedra y allí también se obviaron las denuncias que se recibieron alertando de la existencia del llamado caso Koldo.

De hecho, tal y como publicó El Debate, Moncloa reconoció que recibió las cartas que el abogado Ramiro Grau remitió a Sánchez, en las que alertaba de que la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos millonarios por las mascarillas, «no tenía ninguna actividad» y que en 2019 había «facturado cero euros» y pese a ello se había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes.

Moncloa ignoró desde 2020 las denuncias

Sin embargo, Presidencia del Gobierno decidió ignorarlas, porque se trataba de «sobres remitidos» por aquel con «recortes de prensa» y «no contenían ningún escrito personal dirigido al Presidente del Gobierno o a otra persona u órgano de la Presidencia del Gobierno o de la Administración General del Estado, es decir, no contenían ninguna solicitud, petición, queja o reclamación, ni ninguna otra forma de comunicación personalizada que permitiera al departamento actuante dar traslado o contestación al remitente».

Pero este escrito de Moncloa, en poder de este periódico, no llegó por voluntad de la Presidencia, sino que tuvo que ser el Consejo de Transparencia el que le obligase a ello, en la resolución 785/2024, del 10 de julio de 2024, pero que solo cumplió a medias en su intento de ocultar cuánto sabía Sánchez de las actividades de Koldo y Ábalos.

De hecho, en su escrito no hizo mención alguna a la orden del CTBG de remitir «cualquier otro documento conteniendo otra información denunciando los hechos actualmente investigados con relación a la trama Koldo Aguirre y José Luis Ábalos».

Este es un dato crucial pues implica que Moncloa volvió a ignorar su deber de revelar si tenía algún documento, fuera de la naturaleza que fuere, incluyendo cualquier informe del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la Policía, o incluso los elaborados para la fiscalización de los contratos, sobre la trama, igual que ahora quiere mantener en secreto si Begoña usa el Falcon a su antojo o si Sánchez reunió con Barrabés para favorecer los intereses de su esposa.

La opacidad de Sánchez

Los nuevos varapalos para Sánchez se suman a una ristra infinita de silencios sobre todo aquello que le acorrala pero coinciden, de manera inaudita, con una cruzada legislativa para amordazar a los jueces y a la prensa.

Sobre lo primero, ya ha iniciado sus trámites parlamentarios la llamada «Ley Bolaños», con la que se pretende designar jueces y fiscales «a la carta», sin la preceptiva oposición. Y hacer coincidir esa novedad con otras igual de inquietantes: quitarle a los jueces la instrucción de los casos para dárselos a la Fiscalía y, a continuación, subordinar a la UCO a un organismo dirigido por el imputado Álvaro García Ortiz.

Y sobre lo segundo, el denominado «Plan de Regeneración» incluye una batería de medidas para extender la condición de «sospechoso» a todo medio de comunicación o periodista que difunda lo que a juicio del Gobierno son «bulos», así como fiscalizar su capital social y sus ingresos.

En plena explosión del informe de la Guardia Civil sobre las mordidas que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García podrían haber cobrado induciendo adjudicaciones de obra pública desde el Gobierno; el silencio de Sánchez, las acusaciones sobre el «lawfare» o la «máquina del fango» y los intentos de legislar contra los contrapoderes se han agudizado y Félix Bolaños llegó a defender esas reformas en el Parlamento cuando todo el mundo podía acceder ya a los audios de la trama encabezada, presuntamente, por los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, ambos elegidos y promocionados por Sánchez en persona.