Sánchez, a un paso del juzgado por ocultar los viajes en Falcon de Begoña Gómez

¿Ha usado Begoña Gómez el Falcon para asuntos institucionales o personales? ¿Le costea el Estado vuelos en líneas comerciales? Son dos preguntas con respuestas sencillas a las que, sin embargo y por razones misteriosas, se niega a responder la Presidencia del Gobierno, según demuestra la documentación a la que ha accedido El Debate.

Las actividades de Begoña Gómez siguen en el ojo del huracán. La investigación que está llevando a cabo el juez Peinado ha aflorado la existencia de siete cuentas en las que figura la esposa del presidente del Gobierno, con un saldo total de 21.034,55 euros, mientras el empresario Víctor de Aldama, considerado como «nexo corruptor» de la ‘trama Koldo’ afirmaba en una entrevista en Cope, que «hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares». Una denuncia que, según la Fiscalía, fue archivada por falta de credibilidad, y que ha servido al Gobierno para volver a lanzarse contra Aldama y, de paso, defender a Gómez. Una tónica habitual en el entorno de Sánchez y que sigue a rajatabla Presidencia del Gobierno, pues lleva casi un año ocultando si la esposa del presidente utiliza el Falcon para sus asuntos y negocios personales, tras convertir Moncloa en «su lugar de trabajo», actividades que precisamente investiga el Juez Peinado con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid.

A Moncloa se le abre un nuevo frente que puede terminar en el juzgado, según ha podido saber este periódico, tras incumplir a sabiendas una resolución firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dictada el pasado 19 de septiembre y que obligaba a Presidencia del Gobierno a detallar cuántas veces ha usado el Falcon presidencial Begoña Gómez, así como los destinos y motivos de tales viajes. Pero es que también Moncloa debe aclarar si las arcas públicas han costeado vuelos comerciales a la esposa de Pedro Sánchez.

Según los juristas consultados, «Moncloa desobedece una orden firme para proteger a la mujer del presidente del Gobierno. No puede haber otra razón para negarse a explicar si, en efecto, ha usado el Falcon en sus viajes de negocios y si además le ha pagado los billetes cuando coge un vuelo comercial», concluyen. Este medio ha accedido al requerimiento dirigido a Moncloa por el si esta persiste en su actitud, será demandada ante los tribunales. En tal caso, será la Justicia quien obligue a Moncloa a hacer pública la información que ya debía haber hecho pública.

Pero el uso del Falcon no es el único recurso público que esconde Presidencia del Gobierno, sino que también negó por escrito, tal y como publicó El Debate, que la mujer de Sánchez se sirviera de recursos públicos para fines privados: «No existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad», dijo entonces Moncloa

Sin embargo, no es real, puesto que también dispone de una asistente personal, tal y como reconoció en sede judicial la implicada. Se trata de Cristina Álvarez, que confirmó ante el juez Peinado que fue contratada específicamente para ayudar a la mujer del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados, como evidencian los correos electrónicos con su firma que forman parte del sumario en los que Álvarez hace gestiones relacionadas con los másteres y la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en los que trabaja Gómez.

Es más, pese a que Presidencia del Gobierno ha asegurado que no tiene ninguna función relacionada con la agenda de la cónyuge del jefe del Ejecutivo que no esté vinculada a la actividad de éste, o con el mantenimiento de su seguridad, dado que Begoña Gómez no posee un puesto orgánico reconocido, sí que reconoce el uso de «los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno», como pudieran ser los correos electrónicos. Esta asesora cobra un sueldo público que podría ir desde los 50.000 hasta los 100.000 euros, pues Presidencia pretende mantenerlo en secreto.

Además, la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado, en la que acusa a la mujer del presidente de los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, sigue su curso, y ya se conoce parte del montante que varias empresas tecnológicas aportaron para su software.

En concreto, Telefónica confirmó que aportó 50.000 euros, aunque no en metálico sino en mano de obra, pues destinó a tres personas al desarrollo de dicho software. Por su parte, Indra destinó al 'software' un total de 128.442 euros y Google realizó una inversión de 110.000 euros.

Unas inversiones en las que el Palacio de la Moncloa tuvo un papel fundamental, pues allí fue donde se gestó la creación de la cátedra que codirigía la esposa del presidente, pues utilizaba estas instalaciones para sus reuniones de trabajo, como confirmó ante el juez el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y también la excoordinadora de uno de sus másteres, Blanca de Juan de Castro, en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Asamblea de Madrid.

A esto hay que añadir que Sánchez tampoco ha aclarado, pese a acumular varios requerimientos para hacerlo, las veces que se encontró con el empresario Carlos Barrabés, vinculado de la cátedra de su esposa, en Moncloa, tal y como publicó El Debate, lo que sumaría otro procedimiento judicial más por ocultar información sobre los negocios de su esposa.