El Gobierno vasco concede el tercer grado a un etarra a los seis meses de ser condenado a 30 años de prisión

Seis meses le han durado los 30 años de cárcel a los que fue condenado el pasado mes de diciembre el etarra Aitor Aguirrebarrena tras reconocer su participación en el asesinato del periodista José Luis López de la Calle en el año 2000. El etarra tiene también condena por el asesinato de otras tres personas.

Aguirrebarrena es el último agraciado por el Gobierno Vasco con el tercer grado penitenciario que le da permiso para salir cada día de prisión y tan solo entrar en ella para dormir de lunes a viernes.

Este asesino, igual que los otros dos a los que se les ha concedido el mismo privilegio, «están en las listas oficiales» de la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, en las que «son tratados como 'presos políticos', lo cual es un indicativo inequívoco de su falta de desvinculación de las estructuras de control que tiene la izquierda abertzale sobre los presos de ETA», según explica el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Covite ha censurado nuevamente estas tres progresiones de grado porque, una vez más, «ninguno de estos tres etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento».

«Si están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento, y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes. Por tanto, se trata, una vez más, de terceros grados fraudulentos», ha asegurado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

En ese sentido, ha advertido de que, si el Gobierno vasco «continúa a este ritmo de concesión de terceros grados, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no los recurre, pronto veremos cómo se van a 'vaciar las cárceles' de presos de ETA, tal y como quiere Bildu». «Solo permanecerán encarcelados los etarras de la disidencia, aquellos que se opusieron al fin del terrorismo», ha añadido.

Ordóñez ha insistido en que «se está cumpliendo a rajatabla la última exigencia de ETA para dejar de matar que queda por cumplir»: vaciar las cárceles «de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho».

En su opinión, la gestión de la competencia de Prisiones del Gobierno Vasco, en lo que se refiere a los presos de ETA, «está resultando ser una amnistía encubierta, tal y como ha pedido históricamente la izquierda abertzale».