El cónclave de diez magistrados que se han sentado a deliberar sobre el borrado penal del procés)
Luz verde al borrado penal del procés
Un TC fracturado salva la amnistía de Sánchez a Puigdemont en tres días, nueve horas y por seis votos, a espaldas de Europa
El grueso de la norma quedará avalado, este mismo jueves, con el respaldo de la mayoría del bloque izquierdista del Pleno encabezado por Cándido Conde-Pumpido y la ponente de la sentencia cabecera, Inmaculada Montalbán
Tal y como estaba previsto, en el calendario diseñado a la medida del Gobierno por Cándido Conde-Pumpido, la primera sentencia favorable a la Ley de Amnistía diseñada a la carta para el prófugo Carles Puigdemont quedará aprobada, hoy, en el Tribunal Constitucional.
La semana arrancaba con un total de cinco sesiones monográficas reservadas para deliberar sobre el encaje legal de la polémica norma de borrado penal del procés. Y concluirá, tres días después y tras apenas nueve horas dedicadas al 'debate', con la votación de la propuesta de resolución, al recurso del Partido Popular, confeccionada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, a partir de las 10:30 horas de este mismo jueves. Si bien fuentes jurídicas apuntan a El Debate que la versión final del borrador de la sentencia no se dará a conocer al sector minoritario del Pleno hasta media hora antes de la convocatoria, lo que ha provocado un profundo malestar en el seno de la Corte.
Así las cosas, el rodillo de los seis votos del bloque izquierdista se impondrá para dar luz verde a la constitucionalidad de una ley pactada entre el Gobierno y sus socios de Junts, a cambio de los siete votos de la formación separatista necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.
Es decir, la «autoamnistía», negociada por el Ejecutivo socialista para la normalización institucional, política y social en Cataluña, con aquellos a los que trata de beneficiar, saldrá adelante por tan sólo dos votos de diferencia y, en cambio, sumará cuatro votos particulares en contra de su legalidad.
Tercera sesión del Pleno monográfico
El Constitucional concluye el debate sobre la amnistía y votará mañana seis contra cuatro a favor de la norma
De nada han servido las peticiones de tres magistrados, arropadas por hasta dos informes técnicos, para que el Pleno, antes de pronunciarse, presentase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o, al menos, suspendiese cualquier decisión hasta que el órgano judicial resolviese las cuatro consultas elevadas por cuatro organismos diferentes sobre el asunto. Y eso que, la primera vista fijada para despejar las incógnitas sobre la compatibilidad de la amnistía con el Derecho comunitario está prevista para dentro de tres semanas.
Tampoco han prosperado las peticiones instadas por el PP, como recurrente, junto con el Senado, para la abstención del presidente de la Corte en las causas sobre la amnistía, que se rechazaron de plano, sin escuchar al interesado ni dar trámite a las partes concernidas.
El programa para consumar la constitucionalidad de la amnistía, como figura jurídica abstracta, primero, como norma concreta, a lo largo de esta mañana, se ha impuesto para ganar el relato de los críticos con una norma que no sólo habilita un cajón desastre en el que incluir cualquier tipo de excepciones a la responsabilidad penal en España sino que, además, supone una «modificación encubierta» de la Constitución, por la mera «voluntad del legislador», en tanto en cuanto es el «representante de la voluntad popular», sin contar, para ello, con las mayorías parlamentarias reforzadas previstas para ello.
Resulta aberrante que sea el propio Tribunal Constitucional el que se haya prestado para liquidar el marco constitucional vigente
Y es que, para los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y María Luisa Segoviano, no corresponde al TC «juzgar los motivos del legislador» para aprobar la Ley de Amnistía. Si bien, nada dice el fallo que están dispuestos a impulsar, en unas horas, sobre cómo la misma se articuló a través de un acuerdo previo alcanzado entre el Ejecutivo y el líder de un partido, Carles Puigdemont, que no sólo está imputado por corrupción sino que, además, es prófugo de la Justicia española.