La mayoría que rebajó la malversación pide ahora más dureza contra los delitos de corrupción

Quien más y quien menos, todos los partidos que integraron la mayoría de investidura piden estos días a Pedro Sánchez que lleve al Congreso propuestas para endurecer las penas contra los delitos de corrupción. Sin embargo, son los mismos partidos que, en diciembre de 2022, votaron con entusiasmo a favor de una polémica reforma del Código Penal con la que, entre otras cosas, el Gobierno abarató el delito de malversación.

La famosa malversación bienintencionada fue una de tantas cesiones de Sánchez a Esquerra. Desde que entró en vigor, cuando en el delito no se demuestra ánimo de lucro o enriquecimiento personal está castigado con un máximo de cuatro años prisión y seis de inhabilitación; frente a los ocho de cárcel que marcaba anteriormente —desde 2015, por iniciativa de Mariano Rajoy— el Código Penal en su tipo agravado.

Junto a la rebaja de la malversación, la modificación incluyó la derogación del delito de sedición. En la misma proposición de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos (en lugar de proyecto de ley del Consejo de Ministros, para reducir tiempos y sortear controles), los de Sánchez reformaron también las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Votaron a favor 184 diputados, los del PSOE —incluidos José Luis Ábalos y Santos Cerdán—, Unidas Podemos (la pasada legislatura no existía Sumar como tal), ERC, el PDeCAT, el PNV, Bildu y Más País. Los de Carles Puigdemont votaron en contra únicamente porque les sabía a poco y porque los socialistas no aceptaron sus 11 enmiendas. También votaron en contra Vox, el BNG, la CUP, Coalición Canaria, Teruel Existe y el PRC (estos tres últimos partidos actualmente no tienen representación en las Cortes).

Compromís se abstuvo y el PP no participó en la votación, en protesta por lo que los populares consideraron un atropello: presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Vox también presentó uno), pero el PSOE decidió que no iba a posponer el Pleno hasta su resolución. Tampoco votaron Ciudadanos, Foro Asturias, ni los dos exdiputados de UPN, ni el ex de Cs Pablo Cambronero.

En el debate previo, la entonces portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, advirtió: «Lo que traen ustedes aquí, con la reforma del Código Penal, con la derogación del delito, con el abaratamiento de la corrupción, es que haya políticos que legislan para que otros políticos estén por encima de la ley». Y el diputado del PSOE Felipe Sicilia replicó: «La realidad es que a ustedes no les molesta que se modifique el Código Penal ni el procedimiento ni las nuevas mayorías para elegir al Constitucional, lo que les molesta es que eso no pueden hacerlo ustedes ahora, les molesta que no son ustedes los que están decidiendo, porque a ustedes lo que les molesta es que son otros los que están gobernando y somos otros los que estamos legislando. Eso es lo que les molesta. Y, miren, por eso hablan de Gobierno ilegítimo, hablan de ocupación, hablan de golpe a la democracia, de dictador, de que la democracia está en peligro».

Dos años y medio después, Sumar entregó este miércoles a los socialistas un documento en el que propone, entre otras decisiones: ampliar los tipos penales y homogeneizar las penas de corrupción establecidas en el Código Penal «con otros delitos de la misma gravedad». También, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos mediante la reforma del artículo 438 bis del Código Penal, «incluyendo explícitamente a la función pública (como sucede en el artículo previo) y reduciendo la cuantía del enriquecimiento ilícito injustificado de 250.000 a 50.000 euros».

Cuando Sánchez era el líder de la oposición a Rajoy, los socialistas presentaron una proposición de ley en el Congreso en la que sugerían una reforma del Código Penal que contemplara, textualmente, «el incremento de las penas de privación de libertad, de derechos o multas, sean principales o accesorias, en relación con los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos». Eran otros tiempos.