La reforma del Congreso para vetar a algunos periodistas sigue su curso tras tumbarse las enmiendas de PP y Vox

La reforma del Reglamento del Congreso con el fin de vetar a los periodistas críticos con las formaciones de izquierdas y con el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá su trámite en el Cámara Baja después de que el PSOE y sus socios hayan rechazado de plano las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. La oposición ve un acto de «censura» a la libertad de información esta reforma, puesto que la izquierda busca vetar el acceso a los periodistas que no comulgan con su argumentario.

El Congreso celebró este martes su primer pleno extraordinario de julio en el que se abordó la propuesta para regular el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación bajo criterios como el respeto al «derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la cámara».

Se celebró para votar las enmiendas a la totalidad de texto alternativo de PP y Vox, que fueron rechazadas con los 174 votos en contra del PSOE y sus socios, por lo que la propuesta de reforma del reglamento del Congreso –incluida la ampliación de los supuestos de voto telemático de los diputados– seguirá su trámite parlamentario.

El diputado socialista Marc Lamuà reivindicó ante PP y Vox que el texto «no va contra la libertad de expresión» y esgrimió que las acreditaciones en el Congreso no pueden ser «un salvoconducto» para «el bulo y la mentira», ni para «pervertir» el trabajo de tantos periodistas que ejercen con «honestidad, rigor y compromiso democrático» su trabajo.

Consideró que Vox «grita» ante la reforma porque «sabe que se les acaba el chiringuito del bulo y del odio» y afirmó que el PP «se nutre» de la actuación de los pseudoperiodistas que vienen al Congreso a «reventar ruedas de prensa» y «a generar confrontación».

«Demoniza a los detractores» del PSOE

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ve en la reforma una estrategia para «demonizar» a los detractores del PSOE al acusarles de «fascistas» en un momento en el que el Gobierno «yace en ruinas» y censuró que la Mesa del Congreso vaya a ejercer de «tribunal inquisidor», cuando la Constitución y el propio reglamento de la cámara ya regulan la profesión periodística.

Asimismo, acusó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de callar «ante el ensañamiento» contra periodistas, de tolerar «insultos a jueces» y de «pisotear todos los días» el reglamento de la cámara, «bordeando el delito de prevaricación, si es que lo ha cruzado ya», aseguró.

El secretario parlamentario de Vox, José María Figaredo, opinó que el PSOE quiere «censurar» y echar del Congreso de forma arbitraria y discrecional a los medios que son críticos -al igual que lo hacen con jueces, ha dicho-, bajo el pretexto de que difunden bulos y perturban el orden de la cámara.

Reprochó al PSOE que crea que el Congreso «es su casa» como RTVE y señaló al portavoz socialista, Patxi López, para acusarle de «ser el primero que insulta a los periodistas» cuando «hacen preguntas que no le gustan».

Por Sumar, Francisco Sierra recriminó a PP y Vox que intenten aparentar una defensa de la libertad de prensa cuando son «acreditados liberticidas» y les afeó que invoquen el reglamento del Congreso contra dicha reforma mientras niegan a los diputados el uso de las lenguas cooficiales.

«Las siglas los separan y el franquismo sociológico los hermana», zanjó.

El PNV argumentó que la reforma establece unas normas básicas de comportamiento frente amenazas, hostigamiento, faltas de respeto y el boicot a ruedas de prensa, mientras que EH Bildu remarcó que no se veta a periodistas que «hacen preguntas incómodas», como argumenta PP y Vox, sino a quienes se dedican «a reventar» e «insultar» a diputados, informadores o asesores.

Junts ve la medida como una «cirugía fina» frente a los agitadores sin que ello afecte a la libertad de expresión, mientras que Gabriel Rufián (ERC)expresó el apoyo de su formación a la futura norma, pero advirtió de que quitar la credencial a «propagandistas de la ultraderecha» no servirá de nada ya que ejercerán su «persecución» a políticos y a sus familias «en la calle».