Las cifras del primer juicio contra Koldo y Ábalos: 3 acusados, 50 años de cárcel, 7 magistrados y 70 testigos en 23 sesiones

Este martes, 7 de abril, el Tribunal Supremo volverá a abrir las puertas de su Sala de lo Penal para acoger el primer juicio oral de la pieza separada del ‘caso PSOE’ centrada en los contratos de mascarillas compradas por el Gobierno de Pedro Sánchez, durante los primeros meses de la pandemia, a través del Ministerio de Transportes. En el banquillo se sentarán 3 hombres en calidad de acusados: el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su entonces asesor, Koldo García Izaguirre; y el empresario Víctor de Aldama, señalado como el principal comisionista de la trama.

Aquella investigación preliminar que comenzó a raíz de las sospechas de presuntas irregularidades cometidas por el Ejecutivo socialista, durante la adquisición urgente de material sanitario, ha terminado convertida en uno de los procesos más mediáticos y políticamente sensibles de los últimos años. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares sostienen que el Ministerio de Transportes se convirtió, bajo la batuta de Ábalos y con Koldo García como hombre fuerte, en una especie de «centro de negocios» donde las ' mordidas' fluían a cambio de adjudicaciones millonarias, sin apenas fiscalización.

Tres acusados y penas de hasta 50 años

El banquillo es reducido en número, pero las consecuencias son mayúsculas. Solo tres procesados: Ábalos, Koldo García y De Aldama. Sin embargo, las peticiones de pena dibujan un escenario de máxima gravedad. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor. Las acusaciones populares elevan la cifra hasta los 30 años para cada uno de ellos. Mientras, Víctor de Aldama, que está colaborando con la Justicia y admitió los hechos, la petición se reduce notablemente, a siete años que podrían ser menos al término de las sesiones, tras aplicarle un atenuante de confesión.

Los delitos que se les imputan son de una gravedad inusual: organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación. En total, más de 36 millones de euros en contratos de mascarillas están bajo escrutinio: alrededor de 24 millones tramitados a través de Puertos del Estado y otros 12,5 millones vía Adif.

Ábalos y Koldo García permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2025, tras ser enviados a Soto del Real por riesgo «extremo» de fuga. Aldama, en cambio, sigue disfrutando de la libertad provisional y aportando nuevos indicios sobre los mismos actores, en otras causas vinculadas con la principal. Por ello, los dos primeros serán trasladados cada día al Supremo desde el centro penitenciario, en furgones policiales, que accederán directamente al parking del Alto Tribunal, ubicado en la madrileña Plaza de la Villa de París, y conducidos al salón de vistas, para asistir en directo a las sesiones.

Siete magistrados al frente de la causa

El juicio estará coordinado por tribunal de siete magistrados de la Sala Segunda, como ya sucedió en el juicio contra los cabecillas políticos del 1-O, en una composición excepcional que refleja la trascendencia del asunto. La mesa estará presidida por el veterano Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de lo Penal y magistrado que ya ha tenido en sus manos otros procedimientos de gran impacto político. Le acompañarán otros nombres de peso como Manuel Marchena (expresidente de la Sala y ponente en el procés), Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

Esta Sala de siete miembros se configuró tomando como base los cinco integrantes de la Sala de Admisión del caso, completada por turno de antigüedad. Las defensas de Ábalos y Koldo intentaron sin éxito recusar a varios de ellos en la fase previa, alegando falta de imparcialidad, pero el Supremo rechazó todas las cuestiones previas planteadas.

13 días, más de 70 testigos y 20 peritos

El calendario es intenso. El juicio se desarrollará entre el 7 y el 30 de abril, a lo largo de 23 sesiones (11 de mañana y 12 de tarde) distribuidas en 13 días hábiles que arrojarán un total de más de 100 horas de vistas orales.

En cuanto a la prueba testifical, el tribunal ha admitido el interrogatorio a más de 75 testigos. Entre ellos figuran nombres de alto perfil político y administrativo como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que declararán por escrito. También están citados la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el exgerente del PSOE, Mariano Moreno; los exjefes de gabinete de varios ministerios; los expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado; varios empresarios relacionados con los contratos; y, hasta familiares, allegados y ex parejas de los acusados como Jessica Rodríguez, en el caso de Ábalos o Patricia Úriz, ex esposa de Koldo.

Cabe recordar que el Supremo descartó incluir en la lista a Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y otros altos cargos solicitados por las defensas o la acusación popular unificada bajo la batuta del Partido Popular (PP), argumentando falta de pertinencia directa para esta pieza. Sí se aceptaron, en cambio, los testimonios presenciales de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, o del director general de la Policía.

Además, comparecerán alrededor de 20 a 23 peritos, principalmente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analizaron los movimientos financieros, los correos electrónicos y la trazabilidad de las comisiones presuntamente pagadas, en los diferentes informes entregados al juez instructor del caso, Leopoldo Puente. De hecho, según los expertos, la pericial económica y documental será clave para demostrar o desmontar la existencia de una estructura organizada para el cobro de mordidas.

Una sala plagada de togas y abogados

El número de letrados es elevado. Cada acusado cuenta con su propia defensa: los abogados de Ábalos y Koldo García han sido especialmente activos en la fase de cuestiones previas, intentando trasladar la causa a la Audiencia Nacional o nulificar pruebas. La Fiscalía Anticorrupción ejercerá la acusación pública, mientras que varias acusaciones populares (entre ellas Vox y otras entidades), dirigidas por el PP, se personaron para endurecer las peticiones de pena e impulsar el procedimiento.

En total, se espera que participen más de una decena de abogados a lo largo de las sesiones, lo que convertirá la Sala Segunda del Supremo en un escenario plagado de togas.

Las claves procesales del asunto

Varias cuestiones marcarán el desarrollo del juicio. En primer lugar, la competencia del Supremo: las defensas insistieron hasta el final en que, una vez perdido el aforamiento de Ábalos, la causa debía bajar a la Audiencia Nacional. El tribunal rechazó este argumento y mantiene su jurisdicción.

Otro punto caliente será la valoración de la colaboración de De Aldama que ha aportado información clave sobre el supuesto funcionamiento de la red. Sus declaraciones pueden resultar determinantes para sostener la tesis de la organización criminal.

También se debatirá la prueba documental: miles de folios de correos, transferencias bancarias a paraísos fiscales y mensajes de WhatsApp que la UCO ha incorporado al sumario. Las defensas ya han anunciado que cuestionarán la cadena de custodia y la interpretación de algunos indicios.

Por último, la declaración de los acusados se ha reservado para la recta final: el 28 de abril. Ábalos y Koldo García, que han mantenido un perfil bajo en prisión, tendrán la oportunidad de defenderse ante los siete magistrados. De Aldama, por su parte, ya ha reconocido hechos en fase de instrucción.

Un juicio de trascendencia política

Más allá de los números —tres acusados, siete magistrados, 23 sesiones, más de 75 testigos, una veintena de peritos y decenas de abogados—, este proceso representa mucho más que un caso de corrupción en tiempos de pandemia. Es la primera gran cita judicial que enfrenta directamente al corazón del Gobierno de Pedro Sánchez y al aparato del PSOE.

Las implicaciones políticas son evidentes: desde la posible financiación irregular del partido hasta el papel de altos cargos que, aunque no se sienten en el banquillo en esta pieza, sí comparecerán como testigos. El ‘caso mascarillas’ es solo la primera estación de un calvario judicial mucho más amplio que incluye otras piezas separadas en la Audiencia Nacional.

Mientras España sigue pendiente de cada sesión, el Supremo se convierte estos días en el epicentro de un debate que mezcla derecho, política y memoria de la peor crisis sanitaria reciente. Un juicio que, por su magnitud procesal y su calado institucional, pasará a los anales de la Justicia española.