¿Por qué 9 magistrados independientes han condenado con cárcel a 'las 6 de la Suiza'?

Hay que remontarse al año 2017 para entender el inicio de un conflicto laboral que, esta misma semana, concluía en el Supremo con una condena penal para un total de seis sindicalistas que, voluntariamente, ingresaban en prisión para cumplir con la condena impuesta por un total de tres tribunales distintos y los nueve jueces que conformaron los mismos: el primer magistrado de instrucción, los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias que rechazaron el recurso de apelación y los cinco magistrados más del Alto Tribunal que, en estos días, desestimaban la casación instada en una resolución ponencia de Vicente Magro Servet.

Los hechos arrancaron de la mano de una trabajadora de la pastelería 'La Suiza', ubicada en Gijón, que estando embarazada perdió su trabajo en el establecimiento. La pareja de la empleada, en el momento en el que perdió su trabajo, acudió a recogerla y tras enterarse de lo ocurrido amenazó al dueño del negocio, Julián, y dio un puñetazo al congelador, provocando daños materiales por los que se interpuso la correspondientes denuncia. Después del desafortunado incidente, la mujer solicitó la baja permanente y no volvió a reincorporarse a su puesto.

Pero, lejos de seguir los canales legales previstos para defender sus derechos y ante la inminencia del juicio contra su pareja, la trabajadora de 'la Suiza' –que en ningún momento quiso volver a su ocupación profesional– decidió dirigirse a un sindicato en busca de asesoramiento y ayuda. Fue allí donde se diseñó una estrategia que los tribunales han calificado como acoso, con un doble objetivo: librar al hombre de una posible sanción y ayudarla a ella a obtener la mayor cantidad de indemnización posible.

De tal manera que, desde el 25 de abril del 2017, varios miembros de la entidad sindical se personaron en el acceso al establecimiento con una pancarta que dificultaba el paso a los clientes del local. El mismo día confeccionaron un vídeo de la pastelería, perfectamente identificada, en el que acusaban a los propietarios de la pastelería de incurrir en acoso laboral, sexual, explotación,... y otro rosario de prácticas indebidas que, además, difundieron en redes sociales.

Una práctica que replicarían cuatro días después, el 29 de abril, denunciando que Julián, el dueño, esclavizaba a la trabajadora y que su pastelería era un centro de trabajo donde no se respetaban, mínimamente, los derechos de las personas vinculadas por contrato laboral a la misma.