El empresario Víctor de Aldama y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero
El acto de conciliación entre Aldama y la vicepresidenta Montero, si se presentan, será el 10 de septiembre
El conseguidor de la trama Koldo denunció a la ministra por llamarle «presunto delincuente»
El próximo 10 de septiembre tendrá lugar el acto de conciliación entre el empresario y conseguidor de contratos de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, en caso de que se presenten, claro está.
Así lo ha dictaminado el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid después de que Aldama pidiera dicho acto como paso previo a denunciar a la vicepresidenta por llamarle «presunto delincuente». Además de la conciliación, Aldama pide a Montero una indemnización de 250.000 euros.
De Aldama avisó de que si no llegaban a un acuerdo en un acto de conciliación, presentará una querella contra Montero «por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad».
Basta con los abogados
Ninguno de los dos tendrá que ir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente con que estén presentes sus abogados, han recordado las mismas fuentes.
En la demanda de conciliación, De Aldama afea a la ministra que le atribuyese «de manera directa» la condición de «delincuente», aunque lo matizase «irónicamente» con la palabra «presunto».
También critica que dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, «precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria».
Se refiere al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado y por el que fue detenido el pasado octubre y luego puesto en libertad en noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que declarara como investigado en otro procedimiento, el denominado 'caso Koldo', en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario y de obra pública.
De Aldama considera que Montero «ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado», que tiene la «obligación» de «respetar» el derecho a la presunción de inocencia, al trasladar «a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad» en su contra.
