El Gobierno desempolva y aprueba su ley de secretos, que recoge posibles multas a periodistas de 2,5 millones

En agosto de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, normativa que sustituye a la actual Ley de Secretos Oficiales, promulgada en 1968. Así, tres años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desempolvado esta norma –que regula posibles multas a periodistas de hasta 2,5 millones para el supuesto en el que revelen secretos oficiales, y que fue muy criticada por las asociaciones de la prensa– y este martes ha decidido definitivamente remitirla al Congreso.

Mientras que la legislación vigente solo castiga al personal «adscrito a los Servicios de Protección de Materias Clasificadas» o cualquier otro «al servicio de la Administración» cuando difundan o publiquen materias clasificadas, la ley del Ejecutivo pretende que ahora las multas se extiendan a cualquier persona. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha resaltado que las multas son «cuantiosas en caso de riesgo grave para la seguridad nacional y la Defensa», es decir, riesgo «para la vida de los ciudadanos».

Así las cosas, el miembro del Ejecutivo ha manifestado que «este régimen es exhaustivo, pero es mejor que el vigente», dado que «hoy por hoy el artículo 599 del Código Penal establece prisión de hasta cuatro años para los periodistas que puedan revelar un secreto».

En cuanto a las sanciones, Bolaños ha explicado que el proyecto recoge multas leves, que van «desde apercibimiento hasta 30.000 euros», graves, «de 30.001 euros a 800.000 euros». «Y las muy graves, las que suponen una amenaza, entre 800.001 y 2,5 millones de euros», ha agregado.

Igualmente, el proyecto de Ley de Información Clasificada del Gobierno también establece que se desclasificarán automáticamente –tal y como el PNV ha exigido en reiteradas ocasiones a Sánchez– aquellas materias calificadas como «alto secreto» cuando hayan transcurrido 45 años, las de «secreto» cuando hayan pasado 35, las declaradas como «confidencial» en un plazo de entre 7 y 9 años, y las «restringidas» entre 4 y 5.

En consecuencia, el ministro ha detallado que en el caso de que la ley se aprobara a finales de este año, la desclasificación «incluiría 1981 y los años anteriores», es decir los dosieres declarados secretos del «23-F y la dictadura, siempre y cuando no haya una causa superior que hace recomendable que siga clasificado algún documento».

Por su parte, el titular de la cartera de Presidencia y Justicia ha indicado que la protección de la información clasificada pasa de ser ejercida por un organismo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a estar en manos de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, entidad que dependerá directamente del Ministerio que encabeza Bolaños.

El secreto de los periodistas

A la vez que la nueva ley de secretos del Gobierno regula multas de hasta 2,5 millones para el caso de que un periodista difunda información, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación.

Según Bolaños, «queremos proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones». De esta manera, el texto legal recoge define al secreto profesional como el que tienen los periodistas para «no revelar las fuentes, el canal, ni cualquier otro dato que pueda identificar las fuentes de la información».

«Los jueces y tribunales pueden ordenar identificar una fuente de información cuando se justifique por dos motivos; que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona, o riesgo grave para la seguridad nacional», ha añadido el ministro.