María Jesús Montero ha gastado casi seis millones en asesores elegidos a dedo y se niega a desvelar sus nombres

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, se ha gastado cerca de seis millones de euros en contratar a dedo a asesores de alto rango, según la documentación oficial a la que ha accedido El Debate que, sin embargo, guarda un secreto: la identidad exacta de esos «enchufados» tan costosos, que su jefa protege como oro en paño pese a estar obligada a desvelarlo.

Montero sigue así sin hacer los deberes. Pese a ser la titular de Hacienda, no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos en toda la legislatura y dada la fragilidad parlamentaria del Gobierno, parece difícil que lo consiga pese a las promesas de Sánchez.

A la ministra, que es también secretaria general del PSOE de Andalucía, no le duelen prendas a la hora de negociar y defender el ‘cupo catalán’ aunque perjudique los intereses de los andaluces, a lo que hay que añadir el aumento de la recaudación tributaria desde que se sentó en el sillón de Hacienda en 2018.

Así, el Gobierno de Sánchez en 2024 ha incrementado la recaudación en un 56 % más por IRPF, hasta alcanzar 129.408 millones de euros; un 29 % más en la recaudación del IVA, 90.541 millones en total y 24.838 millones de euros por el impuesto de sociedades, un crecimiento del 57 % en 2024 respecto al 2018.

Un aumento de la recaudación que sirve, por ejemplo, para tener contratados a una decena de altos asesores designados a dedo, que han costado más de 5,7 millones de euros a las arcas públicas, desde que llegó al cargo, según la documentación oficial a la que ha accedido en exclusiva El Debate, procedente del propio Gobierno, si bien la ministra se ha negado a desvelar su identidad.

La peregrina razón el temor a que sus nombres trasciendan a los medios de comunicación, a pesar de que según la Sentencia del Tribunal Supremo 1768/2019 de 16 de diciembre y los Criterios Interpretativos Conjuntos del Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos dictados a este respecto, se estima que debe prevalecer el interés público en la divulgación de la información relativa a esta clase de asesores con nivel superior a 28. Este periódico ha solicitado el nombre de todos los asesores de ese nivel nombrados desde el 2018, Según las fuentes consultadas, «el hecho de que Montero se empeñe en ocultar la identidad de estos altos asesores, entre los que también están aquellos que ya ni siquiera trabajan para ella, bajo la excusa de que su identificación podría perjudicarles en caso de llegar a los medios, desde luego que parece querer ocultar nombres que podrían ser llamativos; desde el escándalo de Koldo, las andanzas de la fontanera Leire y los currículos falsos, las sospechas de enchufismo y malas prácticas están ahí», concluyen.

El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 13 de junio a preguntas de este periódico un listado del «personal nombrado, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024, en un puesto de trabajo de carácter no permanente para realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial (personal eventual) con nivel superior a 28».

Sin embargo, en dicho listado no aparece ningún nombre, bajo la excusa de proteger su intimidad. La propia Montero tuvo que enfrentarse a una demanda, finalmente desestimada por el Supremo, por llamar delincuente confeso al novio de Isabel Díaz Ayuso, después de que se filtraran sus datos tributarios, algo que tiene en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado por varios delitos, entre otros la filtración datos fiscales de un ciudadano anónimo.

Por ello, este periódico ya ha buscado el amparo a su labor informativa ante el Consejo de Transparencia pues, según Hacienda, «trece de las personas afectadas se han opuesto a la publicidad de sus datos, argumentando que (…) «pueden terminar siendo publicados en los medios de comunicación» y por tanto, «se ha considerado que prevalece la protección de datos de carácter personal, por lo que el acceso se limita en esos casos a facilitar los datos no nominalizados», insistiendo en este argumento, ahora ante el Consejo de Transparencia mediante unas alegaciones formuladas el pasado 23 de julio, pese a que la jurisprudencia ya establece que no era pertinente.

Los expertos que asesoran a este periódico en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública recuerdan que esos datos deben hacerse públicos, atendiendo a lo señalado por el Tribunal Supremo, en su sentencia 1768/2019, de 16 de diciembre, y como recoge el CTBG en su criterio interpretativo CI/001/2020, «habida cuenta de que el personal eventual está intrínsecamente ligado al personal denominado como alto cargo (…) parece razonable pensar que su régimen de transparencia habrá de ir igualmente unido al régimen de transparencia previsto para los altos cargos que les han nombrado».

Un millón para su guardia pretoriana

La investigación llevada a cabo por El Debate ha puesto de relieve el enorme montante que destina el Gobierno a estos ‘fontaneros’ ministeriales que se encargan de susurrar al oído de Montero para dirigir los designios de la Hacienda pública y, solo en el último año, destinó 797.961,50 euros a sus salarios, a los que hay que añadir las cotizaciones correspondientes en la Seguridad Social, que suponen otro 30%, superando así el importe de un millón de euros anuales para realizar una labor sobre la que poco o nada se sabe, precisamente por ser «personal de confianza» y solo respecto a estos asesores especiales de máximo nivel.

El listado recoge la existencia de una decena de asesores dependientes del Ministerio, de los cuales seis forman parte del Gabinete de la ministra; dos, de la Secretaría de Estado de Hacienda y los otros dos restantes, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Sin embargo, existen incongruencias con los datos publicados en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, correspondiente a enero de 2025, donde se contabilizan 14 personas contratadas con carácter de personal eventual. Este boletín, elaborado por Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, determina que el personal eventual es aquel que, «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin», aunque señala que «no se incluyen en este epígrafe los datos de efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza, pero tienen la condición de funcionario de carrera de la Administración del Estado».

Sea como fuere, lo único claro es que Hacienda destina una cantidad ingente de dinero a los salarios de estos asesores, que ha ido variando a lo largo del tiempo. De hecho, en 2019, los asesores ministeriales se embolsaron un total de 758.346,74 euros, que pasaron a ser 835.189,57 euros, en 2020, y 823.746,55 euros en 2021; aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando se bordeó el millón de euros (963.113,16 euros), datos similares a los de 2023 (983.772,19 euros), cantidades a las que hay que sumar el coste de las cuota de la Seguridad Social a cargo del Estado, en torno a un 30 % más.

Bolaños desobedece y esconde asesores

El número de asesores ministeriales en uno de los grandes secretos del Gobierno, que pone todo tipo de inconvenientes a la hora de dar acceso a estos datos, aunque la contestación varía en función del Ministerio. De hecho, tal y como ha publicado El Debate, el Ministerio de Transportes sí que detalló el nombre y el salario de este personal de confianza, reconociendo que Puente gastó solo en 2024 más de un millón de euros en 14 asesores especiales elegidos a dedo, una postura que contrasta con la total opacidad de Félix Bolaños.

El todopoderoso ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una resolución remitida a este periódico el pasado 23 de mayo y firmada por Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se desentendía de la información relativa a la propia Presidencia del Gobierno, al tiempo que únicamente remitía un enlace para consultar la relación de puestos de trabajo del ministerio (RPT).

Este enlace solo permite visualizar el número y el puesto de los empleados que están activos, obviando los que han pasado por el Ministerio y han sido despedidos previamente, y sin que se pueda conocer la identidad de todas estas personas que han sido contratadas a dedo por el Gobierno y cuál ha sido el salario que han percibido en todo ese tiempo.

Esta postura que ha supuesto un nuevo revés para Bolaños pues el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su resolución 2025-0762, del pasado 20 de junio, en poder de El Debate, ha obligado al Ministerio a facilitar el «nombre de los asesores contratados a su disposición con nivel superior a 28 (…) desde el año 2018 hasta la actualidad y retribuciones anuales brutas de cada uno de ellos desde el inicio de su contratación».

Sin embargo, a cierre de esta edición el Ministerio aún no ha obedecido la orden pese a tener un requerimiento expreso del CTBG para que lo haga, evidenciando aún más el obstruccionismo de Moncloa, algo que ha venido denunciando de forma reiterada este periódico, pues incumple de forma reiterada las resoluciones del organismo independiente con el único objetivo de ocultar información.