La fontanera del PSOE confesó que había escuchado un pinchazo telefónico a Aldama y su abogado que si existe anularía la causa

Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, aseguró en una reunión que había escuchado una llamada telefónica entre el empresario Víctor de Aldama y su abogado, el penalista José Antonio Choclán. El interlocutor de Díez en ese encuentro fue Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, que redactó un acta tras finalizar la cita. El Debate ha tenido acceso en exclusiva a ese documento en el que se recogen estas manifestaciones de la exmilitante socialista.

La reunión se celebró el pasado 10 de marzo en un bar del municipio madrileño de Leganés a iniciativa de Díez. Durante la cita, se presentó como autora de un supuesto libro de periodismo de investigación aunque, en la práctica, tal y como reflejan las actas, se dedicó a ofrecer pactos, acuerdos y estrategias para evitar que la investigación judicial dañara al Gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su núcleo más próximo.

En un momento del encuentro, Díez trasladó a Villalba según las actas: «Hubo una llamada que dice Leire que escuchó personalmente donde Choclán invitaba a Aldama a hablar contra los intereses del Gobierno del PSOE». Según trasladó, tal y como figura en estos documentos, esa conversación telefónica tuvo lugar mientras Aldama se encontraba en la prisión madrileña de Soto del Real. En el caso de que se confirmase la existencia de pinchazos telefónicos al empresario con su letrado, el caso donde se investiga el presunto fraude del IVA en los hidrocarburos podría venirse abajo, ya que una grabación de esa naturaleza supondría la nulidad de las actuaciones y el archivo de toda la causa, que está siendo investigada por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

El precedente más conocido es el del exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado en 2012 por ordenar escuchas ilegales entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados . El Tribunal Supremo entendió que aquellas grabaciones vulneraban el derecho fundamental a la defensa y, por tanto, contaminaban todo el procedimiento. En la investigación de los hidrocarburos de momento no ha trascendido ningún elemento que incrimine directamente al empresario. Si se demostrara que sus comunicaciones con Choclán fueron interceptadas de manera ilícita, como se desprende de la cita que tuvo la fontanera del PSOE con el comandante de la Guardia Civil, el procedimiento entero se enfrentaría a un serio riesgo de anulación.

Preguntada por este periódico, Díez niega tajantemente los hechos. Asegura no haber tenido acceso a ninguna comunicación privada entre Aldama y su abogado. «Es absolutamente falso», afirma. Sin embargo, en las actas de la reunión con el comandante Villalba se recogen esta y otras manifestaciones delicadas, como su influencia en la designación de abogados en causas sensibles o su conocimiento previo de diligencias judiciales que todavía estaban bajo secreto.

Fuentes jurídicas consultadas por El Debate subrayan que una nulidad en la causa de los hidrocarburos tendría «un impacto demoledor» porque provocaría el archivo de las actuaciones y la imposibilidad de utilizar cualquier prueba derivada de esas escuchas. Todo ello en un procedimiento en el que se investiga una compleja red de contratos, movimientos financieros y supuestas irregularidades en la importación de crudo, pero en el que todavía no hay pruebas sólidas que incriminen a Aldama en hechos delictivos.

El empresario, que desde que abandonó la prisión preventiva está colaborando de manera activa con los tribunales, ha entregado documentación sensible tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Tribunal Supremo. El material aportado por Aldama apunta directamente a conductas irregulares de miembros del Gobierno y altos cargos del PSOE, entre los que se encuentran el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización de los socialistas, actualmente en prisión. Todas las pruebas entregadas por el empresario hasta la fecha han servido para confirmar las sospechas de corrupción.