El Supremo complica el futuro judicial de Pardo de Vera y del dos de la ministra Montero en la trama de las mordidas

El instructor del 'caso PSOE' en el Supremo (TS), el juez Leopoldo Puente, decretaba el troceado de las investigaciones abiertas en varios frentes para agilizar la fase de instrucción que se encuentra muy avanzada para el asunto de las mascarillas y el material sanitario pero, mucho menos en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, que se continuará revisando en una pieza separada de la principal.

En esta segunda derivada, dedicada a la investigación de los amaños de contratos, previo pago de comisiones irregulares, es el que mantiene bajo la lupa al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, «pieza clave» en el diseño y gestión de la operativa que, precisamente por ello, se encuentra en prisión provisional; al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García, al presunto conseguidor Víctor de Aldama y a los empresarios José Ruz, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y Antxon Alonso.

Sin embargo, no son los únicos sobre los que se cierne la sombra de las posibles responsabilidades penales en las que se habría de incurrir, necesariamente, si las cosas sucedieron tal y como obra el relato de hechos del sumario judicial. Sobre la mesa, algunas apreciaciones del Alto Tribunal acerca de las presuntas implicaciones de otros actores necesarios para materializar las conductas irregulares, sobre los que se estrecha el cerco judicial.

Entre ellos, el que fuera 'número dos' de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, Carlos Moreno Medina, quien en más de tres ocasiones ha puesto «la mano en el fuego» por él. Así las cosas, en el auto de despiece el juez Puente señala como «Víctor de Aldama logró que Koldo García, siempre en términos indiciarios, con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos desplegara también su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública».

La reunión se llevó a cabo. según confirma el magistrado quien señala que el encuentro «tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas» del propio Aldama. Un aplazamiento que, tal y como consta en la resolución, «se llevó finalmente a término».

Problemas para la ex presidenta de ADIF

De lo que tampoco parece albergar dudas el instructor Leopoldo Puente es de cómo el contenido de algunas de las conversaciones intervenidas por los investigadores, «por vía whatsapp o correo electrónico» entre Koldo García y el director general de carreteras o la que fuera presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, o «con las personas que, en cada caso, actuaban en beneficio de las constructoras favorecidas» con obra pública previo pago de las presuntas mordidas, eran «explícitamente alusivas al procedimiento de adjudicación» de los distintos contratos.

«Importa tener en cuenta, además, que resulta inequívoca -siempre, una vez más en términos indiciarios.-» reitera el magistrado, la «vinculación de Santos Cerdán con la mercantil Servinabar 2000 SLU, empresa que ya había venido resultando adjudicataria, antes de llegar al Ministerio don José Luis Ábalos Meco, de ciertas obras, precisamente actuando en UTE, pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción, con Acciona», en Navarra.