La UCO analiza un centenar de correos que revelan el «seguimiento» de la asesora de Moncloa a los negocios de Begoña Gómez

Hubo «continuidad» en el tiempo. Las presuntas gestiones realizadas por la asistente de Moncloa asignada a Begoña Gómez y que, como ella, está citada este sábado en la sede del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, imputadas por un delito de malversación, no fueron «favores» ocasionales, tal y como alegó la mujer de Pedro Sánchez, a preguntas de su abogado, en su última declaración ante el juez Juan Carlos Peinado .

Según ha podido saber El Debate, los mails intercambiados por el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, con Begoña Gómez, al hilo del software que ésta licitó y utilizó, presuntamente, tanto dentro como fuera de la cátedra de Transformación Social Competitiva, apunta a la participación «recurrente» de Cristina Álvarez en los asuntos profesionales particulares de la esposa del presidente del Gobierno. Cabe recordar que, en este sentido, Gómez está siendo investigada, dentro de la causa principal, como presunta autora de un doble delito de intrusismo profesional y apropiación indebida.

Sin embargo, la documentación ya obrante en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, por orden del juez Peinado, analiza el contenido de dichas comunicaciones, más allá de constituir un posible indicio de cómo Gómez, supuestamente, se extralimitó en la adjudicación del programa informático y en su posterior utilización, además, estaría aportando evidencias sobre la intervención de su asistente en el «seguimiento» habitual de los negocios de su jefa y «amiga».

No en vano, tras recibir el material requerido a Doadrio, el pasado día 16 de septiembre, el magistrado que rastrea las actividades de la esposa del presidente del Gobierno requería a la unidad especializada de la Guardia Civil que elaborase n informe sobre el alcance, los asuntos tratados y los interlocutores participantes en los mismos.

Se trata de acreditar si, como reconoció la propia Begoña Gómez, la contribución de la asesora de Presidencia a las tareas profesionales particulares de la mujer de Sánchez, no fue «puntual», y, en consecuencia, resultó constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos y que, de ser así, el juez Peinado ya ha informado que se solventará a través de un jurado popular.

De hecho, éste será el punto principal de la comparecencia de esta tarde en la sesión habilitada por el instructor Peinado, durante su turno de guardia, a partir de las 18.00 horas. Según los previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), el magistrado trasladará a los imputados, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el ex jefe de esta última, durante la etapa bajo sospecha, el hoy delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el total de los hechos concretos por los que están bajo la lupa de la Justicia. Un acto en el que intervendrán: en primer lugar, el Ministerio Fiscal; a continuación la dirección letrada de las acusaciones particulares que ejerce la asociación Hazte Oír; y, por último, las defensas de los tres investigados.

Una vez concluida la vista, y escuchados los alegatos de cada una de las partes, el juez Peinado podrá decantarse por dos opciones. O bien acordar el archivo de las actuaciones o la continuidad de las mismas, en cuyo caso, lo previsible será la práctica de nuevas diligencias y, por descontado, la continuidad de las ya en curso.

Entre ellas, el procesamiento de todos los mails enviados y recibidos desde la cuenta oficial de Moncloa entre Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez que, en este momento, están recurridos en la Audiencia Provincial de Madrid (APM), como cada una de las decisiones del magistrado.

Consciente de que resulta «imposible negar lo que está documentado», hasta la fecha, en los diferentes correos electrónicos que se han hecho públicos y que el Gobierno, siempre en defensa de la mujer del presidente califica de anecdóticos, a través de los que su asistente dirigió mensajes de agradecimiento o fijó reuniones con las empresas y patrocinadores de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)– la estrategia de Begoña Gómez se ha inclinado por minimizar» y «relativizar» los efectos las presuntas irregularidades.

Se ahí que la defensa de Begoña Gómez trate de evitar, vía recurso, que el instructor acceda al contenido de la totalidad de los e-mails gestionados desde sus cuentas institucionales. Unas comunicaciones que, parcialmente en poder de la UCO, el magistrado sospecha que podrían desvirtuar la versión prestada por Gómez, durante su última citación hasta este mismo sábado, sobre las colaboraciones esporádicas de Álvarez en menesteres que nada tenían que ver con sus tareas oficiales.