Begoña Gómez trata de bloquear el acceso del juez Peinado a los correos que probarían que los «favores» de su asistente no fueron puntuales

La cuarta comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa en la que está siendo investigada por un total de cinco delitos, se centraba en aclarar la presunta malversación de fondos públicos destinados al pago de su asistente Cristina Álvarez quien, según la versión de la propia Gómez, se incorporó al equipo de La Moncloa por la relación de «amistad previa» que las unía a ambas.

En base a dicha relación justificaba la mujer de Pedro Sánchez, en respuesta a las preguntas de su abogado, que le prestó «favores» relacionados con su actividad profesional privada, «en ocasiones excepcionales», en un intento por negar cualquier uso indebido de los recursos públicos destinados al pago de los servicios de Álvarez quien, por el contrario, se acogía a su derecho a no declarar.

No en vano, fuentes cercanas a la comparecencia de Gómez apuntan cómo «consciente de que resulta imposible negar lo que está documentado», hasta la fecha, en los diferentes correos electrónicos en poder del magistrado –a través de los que su asistente dirigió mensajes de agradecimiento o fijó reuniones con las empresas y patrocinadores de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)– la estrategia elegida se orientó a «minimizar» y «relativizar» los efectos las presuntas irregularidades.

Las «escuetas» explicaciones prestadas por la mujer del presidente del Ejecutivo, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, no han bastado, sin embargo, para paliar las sospechas de malversación que pesan sobre ella.

El intento de presentar la colaboración de su asistente como «un gesto desinteresado, voluntario y anecdótico», fuera de las funciones previstas para las que fue contratada, no «elimina el componente punible» de su presunta conducta, apuntan algunos juristas consultados por El Debate. Es decir, «el uso de recursos públicos para fines privados, aunque sea puntual, es presuntamente delictivo», apostillan los mismos expertos.

Quizás, por ello, la defensa de Begoña Gómez trata de evitar, vía recurso, que el instructor acceda al contenido de la totalidad de los e-mails gestionados desde sus cuentas. Unas comunicaciones que el magistrado sospecha que podrían desvirtuar la versión prestada, este miércoles, durante su comparecencia, sobre las colaboraciones esporádicas de Álvarez en menesteres que nada tenían que ver con sus tareas.

Y, por ello, en paralelo a la petición cursada a la Moncloa respecto de los mensajes oficiales, el juez ha dado un plazo máximo de 10 días al ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, para que le entregue todos los correos en los que aparezca como remitente o destinataria la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno que obren en su poder como resultado del máster que ésta codirigió en la institución educativa.