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Inmigrantes llegado a Canarias el pasado mes de diciembreEuropa Press

Sale adelante la iniciativa de Vox que exige al Tribunal de Cuentas un informe con el gasto en inmigración ilegal

La solicitud presentada por el partido de Santiago Abascal ha contado con el apoyo del PP: «No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia»

La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado la solicitud de Vox para que este organismo realice un informe sobre los gastos que destina la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a la inmigración ilegal. La iniciativa ha contado con 20 votos favorables, los de PP y Vox, y 15 en contra, del PSOE y sus socios parlamentarios.

El diputado Juan José Aizcorbe, encargado de defender la propuesta en comisión, ha subrayado que «hoy nadie con sentido común niega que la inmigración ilegal y que sus secuelas sean un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles», de ahí que Vox haya pedido esta información sobre cuánto cuesta a los españoles este fenómeno, en qué se gasta la «ingente» cantidad de recursos que este conlleva y quiénes lo pagan.

«Cada año, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global. Nadie se atreve a dar cifras», ha criticado el parlamentario de Vox, que ha recalcado que las diferentes formas que adopta la inmigración ilegal perjudican tanto a los españoles como a los inmigrantes legales.

Aizcorbe ha apuntado que el gasto se reparte entre Sanidad, Educación, vivienda social, ayudas, subvenciones, ONGs o programas de integración que «nadie evalúa». «Cada administración pone su parte, pero nadie rinde cuentas, y mientras tanto se repite el mismo dogma falso: la inmigración nos paga las pensiones, una falsa consigna para quienes prefieren no mirar las cifras y huir de la verdad», ha defendido el diputado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha celebrado que haya salido adelante esta solicitud y ha acusado a populares y socialistas de intentar «ocultar» estos datos por no responder a los requerimientos que ha presentado su partido al respecto en las instituciones. «Cada euro destinado a sostener la inmigración ilegal es un euro menos para la Sanidad, Educación y Vivienda de los españoles. (...) Tenemos derecho a saber cuánto dinero de nuestro bolsillo se dedica a la inmigración ilegal por culpa de este sistema diseñado por por PP y PSOE», ha manifestado Millán en rueda de prensa.

En el debate en la comisión parlamentaria, desde el PP, la diputada Pilar Alía ha expresado el apoyo de su grupo a esta iniciativa, subrayando que no pueden oponerse a «conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia». «Además entendemos que no hay nada que ocultar», ha afirmado, trasladando que su formación aboga por una política migratoria ordenada, legal y «mutuamente beneficiosa», que esté bien gestionada.

En contra se han posicionado los socialistas, que, según ha indicado el diputado Pedro Manuel Martín, consideran que hay un «control exhaustivo» sobre ayudas y subvenciones relacionadas con la inmigración y por lo tanto «no es preciso recabar ningún informe adicional de fiscalización». Y también el grupo de la Izquierda Confederal, que ha calificado de «repugnante» la propuesta de Vox, al que ha vuelto a acusar de racista. «Nadie es ilegal por migrar», ha sostenido la diputada Engracia Rivera.