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Ricardo Ruiz de la Serna y José María Figaredo

Ricardo Ruiz de la Serna y José María Figaredo

El informe de Disenso que rebate que la inmigración masiva vaya a salvar el Estado de bienestar: «Es falso»

El jefe de Estudios y Formación de la fundación, Ricardo Ruiz de la Serna, y el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, han presentado el documento en el Congreso

La Fundación Disenso, que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados su último informe, titulado 'La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de bienestar', con el que viene a tratar de refutar con datos la idea que se lanza a menudo sobre la necesidad de una llegada o una regularización masiva de inmigrantes para salvar el sistema de pensiones y, en su conjunto, el Estado de bienestar, ante la situación de «invierno demográfico» a la que viene asistiendo España.

Sobre ello y las principales conclusiones de este informe han hablado el jefe de Estudios y Formación de Disenso, Ricardo Ruiz de la Serna, y el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, que han subrayado que para analizar esta cuestión no se puede, como señalan que hace el Gobierno, hacerlo viendo únicamente una fotografía fija de un momento concreto o una franja de edad determinada, sino que debe estudiarse observando periodos prolongados de tiempo.

Se parte en el informe de que nuestro país tiene la segunda tasa de natalidad más baja de la UE y al mismo tiempo tiene la esperanza de vida más alta, de manera que baja la población activa al tiempo que aumenta el número de personas jubiladas y por lo tanto hay «déficit estructural». La cuestión que subraya Disenso es que se ha establecido en la sociedad la idea de que la inmigración puede solucionar este problema; sin embargo, no se tiene en cuenta que esa población inmigrante también se va a jubilar llegado el momento y va a necesitar una pensión y servicios públicos.

Ruiz de la Serna ha señalado que esa idea de que la inmigración paga las pensiones es «un mito», puntualizando que en la mayoría de los casos, el saldo de la contribución a lo largo de la vida laboral resulta negativo, para que fuera positivo se necesitaría mantener un salario medio muy elevado durante mucho tiempo. En este sentido, ha indicado que un inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva cuando su salario es de 45.150 euros anuales; sin embargo, «la inmigración no cualificada», que es la que llega en mayor medida, «genera una contribución fiscal negativa». Así, para el también abogado y profesor, «el actual modelo migratorio, tal como está planteado, es incompatible con la sostenibilidad del Estado de bienestar».

Figaredo ha calificado como «objetivamente falso» que el hecho de que vengan miles y miles de inmigrantes vaya a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ha explicado que en 1996 la población en España era de 39 millones de habitantes, de los que un millón eran extranjeros; hoy, 30 años después, la población ha ascendido a 49 millones y 9,7 millones son foráneos, y, según ha indicado, todo el crecimiento de la población de nuestro país se ha debido a la inmigración que ha llegado.

Además, Ruiz de la Serna ha recalcado que además de las pensiones, el Estado de bienestar incluye también el sistema sanitario, el educativo o el transporte, y que dado que son elementos que afectan diariamente a los ciudadanos, tanto a españoles como a extranjeros, se hace necesario plantear cómo de sostenible es continuar manteniendo el relato que hoy está establecido. A su juicio, «las premisas de partida de las estrategias políticas que llevan aplicando en España durante los últimos 40 años son falsas», ha afirmado. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox, criticando las políticas que en este sentido han aplicado el PSOE y el PP en estas décadas y abogando por un giro de 180 grados a la política en materia de inmigración.

Otro apunte que ha puesto sobre la mesa José María Figaredo es que actualmente en España la tasa de paro entre los inmigrantes legales es del 18 %, y asciende hasta el 25 % si hablamos de población procedente de África. Por ello, en su opinión a la luz de esta situación carece de sentido continuar promoviendo la llegada de personas extranjeras «hasta que esas tasas de paro estén a cero».

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