Una jueza envía a la Audiencia una causa contra Cristina Seguí acusada de revelar datos de una menor acogida por matrimonio gay

Un juzgado de lo Penal de Valencia ha enviado a la Audiencia Provincial una causa abierta contra la exdirigente de Vox Cristina Seguí acusada de revelar datos de una menor acogida por un matrimonio gay, hechos por los que la Fiscalía le reclama cuatro años y medio de prisión, para que sea este órgano el que se ocupe de su enjuiciamiento.

Seguí se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia para ser juzgada por estos hechos pero la vista se ha tenido que suspender por falta de competencia del juzgado. El procedimiento se ha remitido a la Audiencia, tribunal que decidirá si finalmente lo asume.

Se trata de la segunda vez que Seguí se sienta en el banquillo de los acusados puesto que ya fue juzgada y condenada a 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral por difundir un vídeo de unas menores violadas en la localidad valenciana de Burjassot. Esta resolución no es firme y está pendiente del pronunciamiento del Supremo.

En esta ocasión, Seguí estaba citada para juicio por tres presuntos delitos contra la intimidad con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual -según le reclama la fiscal-. La acusación particular le acusa de un delito de odio mientras que la defensa reclama la absolución.

Al inicio de la vista, el abogado de Seguí ha aludido a la falta de competencia del juzgado para celebrar el juicio puesto que se le atribuye a su representada un presunto delito que debía juzgarse ante la Audiencia de Valencia -el de odio-.

La jueza ha preguntado en ese momento a la acusación particular si mantenía el delito de odio o si se adhería al reclamado por la fiscal -que sí podía juzgarse en Penal- pero la acusación ha mantenido su posición, lo que ha obligado a la magistrada a suspender la vista y remitir la causa a la Audiencia.

Según recoge el relato del ministerio público, los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2022, cuando Seguí publicó en su cuenta de la red social Twitter -hoy X- un post con el siguiente texto: «La bebé robada de Castelló fue entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de @ximopuig que reconoce en un vídeo que la adopción era un experimento del colectivo».

Asimismo, publicó un vídeo en esa misma fecha donde se proporcionaban datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora -tanto sus nombres y apellidos como la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de residencia-.

Al respecto, Seguí -siempre según el mismo escrito fiscal- hacía comentarios «despreciativos» por razón de su orientación sexual, ya que se trataba de un matrimonio formado por dos hombres. Expresaba que se trataba de un experimento del «lobby» gay, «haciendo uso de este concepto con carácter peyorativo y diciendo que le escandalizaba que dieran a los niños en adopción a parejas homosexuales por el hecho de serlo, lo cual evidencia su animadversión a la orientación sexual de la pareja».

Igualmente, publicó una página web el 3 de noviembre de 2022 en su post de Twitter y, posteriormente, se llegó a realizar una tertulia en directo sobre la cuestión, donde Seguí -según la fiscal- insistía en que la razón de la entrega de la niña en acogimiento era la pertenencia al colectivo LGTBI de los adoptantes y aventuraba que se trataba de un experimento con miras a repetirlo en otros casos.

La fiscal indica en su escrito que el vídeo publicado en Twitter mostraba no sólo la imagen de los acogedores de la menor, sino también de la niña. Este vídeo tuvo en su momento más de 11.000 reproducciones. Como resultado, otros medios de comunicación se hicieron eco de lo que contaba Seguí y reproducían la misma «noticia».

Con estos hechos, el matrimonio se ha visto gravemente afectado en el desarrollo de su vida diaria y de sus relaciones con la menor, habiendo tenido, incluso, que cambiar de dirección y de vehículo.

La Fiscalía acusa a Seguí de tres delitos contra la intimidad con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual y le pide la pena de cuatro años y medio de prisión. Así mismo, le reclama que se le imponga la prohibición de aproximación a 500 metros y comunicación con los padres y la menor afectada por el plazo de cinco años, así como la prohibición de acceder a Twitter por el mismo tiempo.