La «normalidad ficticia» de García Ortiz: el fiscal general continúa los nombramientos de afines, al borde del banquillo

Como si de uno más se tratase, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocaba un nuevo Pleno del Consejo Fiscal del que es miembro nato y presidente, para este lunes día 20, el último cónclave antes de sentarse en el banquillo de los acusados, ante la Sala Segunda del Supremo, por un delito de revelación de secretos. La situación, «insólita e irregular», lleva meses «sonrojando» a los miembros de la Carrera y comprometiendo «sobremanera» el ejercicio legítimo de sus funciones y el cómo la ciudadanía, «confundida con este espectáculo», percibe al Ministerio Público.

Un nuevo Consejo Fiscal, «en un clima de normalidad ficticia, erosiona aún más la institución», afeaban esta misma semana desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) a García Ortiz, ante la incipiente reunión del CF que un total de siete vocales, seis de la Asociación mayoritaria (AF), han pedido suspender.

No en vano, García Ortiz se dispone, una vez más, desde que comenzase a ser investigado por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, a materializar varios nombramientos discrecionales de afines, entre ellos un puesto de relevancia: el fiscal superior de Galicia. Un puesto para el que, según ha podido saber El Debate, concurren varios candidatos y que todo apunta que será para Carmen Eiró, la actual delegada de Medio Ambiente en la comunidad autónoma, quien fuera designada para el cargo por la predecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, en octubre de 2020.

Junto a ella, y tras la jubilación forzosa del último responsable del puesto, Fernando Suanzes, en septiembre de este mismo año, se presentan para dirigir el máximo órgano de la comunidad gallega: el fiscal jefe de la Fiscalía provincial de A Coruña, Miguel Armenteros; el exfiscal superior de Galicia Carlos Varela, el único que repite candidatura para un puesto que ya desempeñó; el fiscal delegado de Delincuencia Económica, Román Ruiz Alarcón; y, el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma, el más veterano de todos ellos y el mejor posicionado en el escalafón.

Una nueva convocatoria de vacantes en la que, pase lo que pase, «se pide el asesoramiento leal del Consejo Fiscal» a un fiscal general «acusado y refugiado en la institución». Un contexto en el que los fiscales no creen que deba «demandarse cohesión interna en defensa de la Fiscalía General del Estado». «El principio de igualdad ante la Ley no tolera que una institución se ponga del lado de un investigado, solo por el hecho de que este sea el jefe de la misma y más si cabe en el caso del Ministerio Fiscal» que, en España, está llamado a ser el defensor de la legalidad, no a vulnerarla.