El Supremo se prepara para confirmar que García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general del Estado

El Supremo (TS) se prepara para resolver, este martes, el recurso planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión por la que el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, declinó su competencia para apartar a Álvaro García Ortiz de su cargo. En vísperas de la primera de las sesiones del juicio que se celebrará en la sede del Alto Tribunal, a partir del próximo día 3 de noviembre, la Sala de Apelaciones se dispone a contestar la impugnación de los fiscales y confirmar, según apuntas varias fuentes consultadas por El Debate, la posición del juez Hurtado. De tal manera que García Ortiz se sentará en el banquillo como máximo titular del Ministerio Público.

Los tres magistrados encargados de tomar la decisión definitiva, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Andrés Palomo, –este último ponente de la cuestión y, a su vez, autor del voto particular por el que el procesamiento de García Ortiz no fue unánime– se sentarán a deliberar a lo largo de esta mañana, despejando uno de los últimos flecos pendientes antes de que el fiscal general del Estado haga el paseíllo en el TS como acusado de un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y, todo apunta a que la terna de jueces no tomará una posición muy distinta de la que ya adoptó, en su día, su compañero Hurtado quien, como instructor, analizó y solventó, con mucho detalle, las razones por las que la Sala Segunda del Alto Tribunal no alcanza a aplicar una medida de suspensión como la que piden los fiscales que, la semana pasada, volvieron a reiterarse en la petición directa a García Ortiz para que se aparte del cargo antes del juicio, inédito, al que tendrá que enfrentarse en las próximas semanas.

Cabe recordar que ya el pasado 9 de septiembre, el Supremo confirmaba el procesamiento del fiscal general del Estado, por su presunta responsabilidad penal en la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, denegando, a su vez, la petición por la que la APIF trataba de que no concurriese encabezando el escalafón de una Institución que se ha visto arrastrada al desprestigio de la mano de su máximo exponente.

Respecto a esta cuestión, el juez Hurtado señalaba cómo si bien es cierto que existe una regulación expresa para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, en caso de pleito en los tribunales, ésta no se contempla de manera explícita en el caso del fiscal general del Estado.

«Hay, pues, un vacío legal sobre este particular, vacío que no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro, que se ha de sustanciar por su propio régimen jurídico, y derivarlo funcionalmente a la competencia para decidir sobre ello al Juez de Instrucción, cuando esa vía administrativa es la adecuada; y si el problema es que en ella no ha de ser el propio Fiscal General del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal», subrayaba el magistrado.

Por ello, concluía la improcedencia de la medida cautelar interesada por la APIF, aunque acuerda enviar su resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado que, como hace unos días reveló El Debate en exclusiva, se ha desmarcado de dicha posibilidad y lanzaba un salvavidas, una vez más, a su máximo responsable, asegurando que «carece de competencia» para decretar su salida, si quiera temporal, del cargo.