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Un agente de la Policía Local de Valencia, durante una actuación contra la okupación ilegal de viviendas.

Un agente de la Policía Local de Valencia, durante una actuación contra la okupación ilegal de viviendas.AYTO. VLC.

En la Comisión de Vivienda

Vox saca adelante con apoyo del PP una iniciativa que pide acabar con la okupación y la inquiokupación

«Una nación donde la propiedad privada no está protegida deja de ser un pueblo libre y se convierte en un pueblo sin ley», ha subrayado el diputado Ignacio Hoces

Vox ha logrado sacar adelante, con el apoyo del Partido Popular, su proposición no de ley para solucionar de manera urgente la problemática de la okupación y la inquiokupación en España. La iniciativa, que se ha debatido en la Comisión de Vivienda del Congreso, ha contado en un principio con un empate entre 17 síes, del PP y de Vox, y 17 noes, del PSOE y sus socios parlamentarios, y al aplicarse la ponderación, ha prosperado.

El diputado de Vox Ignacio Hoces ha subrayado en su intervención que «la okupación ilegal y la inquiokupación no son fenómenos marginales como siempre dice la izquierda», sino que «ambos crímenes son el síntoma de una patria en la que su ley ha dejado de proteger al español honrado para amparar a los delincuentes». Ha apuntado que los casos al año, según fuentes oficiales, superan los 17.000.

«Una nación donde la propiedad privada no está protegida deja de ser un pueblo libre y se convierte en un pueblo sin ley, dominado por las mafias, por los okupas y por políticos que legislan contra su propio pueblo», ha afirmado Hoces, al tiempo que ha denunciado que, de acuerdo con el CGPJ, los procesos judiciales para recuperar la vivienda okupada pueden superar los 18 meses, durante los cuales el propietario tiene que seguir pagando impuestos, comunidad y suministros. Asimismo, ha puesto de manifiesto la inseguridad jurídica que este problema supone y que provoca que la oferta en alquiler haya caído desde 2020 «más de un 50 %».

Así, ha exigido el desalojo inmediato del okupa, una compensación fiscal para las víctimas, que se elabore un registro nacional para conocer cuántas viviendas están okupadas y dónde, que se acaben los privilegios para el inquiokupa y que los españoles tengan prioridad en el acceso a la vivienda.

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