El juez considera que el PSOE no comprobó si los pagos en metálico servían para blanquear los ingresos irregulares desvelados por Aldama

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del 'caso PSOE' en el Supremo apuntó durante la declaración del ex gerente de la formación, el pasado miércoles, su sorpresa ante la falta de trazabilidad y control de los pagos en efectivo realizados desde Ferraz a varios miembros de la cúpula socialista, entre ellos, Koldo García Izaguirre y el ex secretario de Organización José Luis Ábalos. Hoy, en un auto en el que remite las actuaciones relativas a la presunta financiación irregular de la formación de Pedro Sánchez, el juez Puente destaca que, en la sede central del PSOE, no se «comprobaba» si los «pagos realizados por quien obtenía la devolución» habían sido anticipados, «por aquel en metálico» o «por intermediación bancaria».

«De tal manera», señala instructor, «que no fuera posible que adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos, eventualmente, con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso, delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros».

Un escenario en el que, por tanto, el magistrado estaría dando credibilidad indiciaria a las manifestaciones según las que el principal comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, aseguró que algunos empresarios habían entregado comisiones irregulares, en efectivo, en la propia sede central del PSOE. Una versión que, posteriormente, fue corroborada, tanto en sede notarial como judicial por una de esas supuestas pagadoras, la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado una bolsa con 90.000 euros, en metálico, a Ferraz.

«Igualmente, el Sr. de Aldama Delgado tiene declarado que, aunque no fue nunca de ello testigo presencial, sí le dijeron, en particular el Sr. García Izaguirre, que buena parte de las cantidades que el primero les entregaba en metálico tenían por destinatario al partido», recoge el juez en su último pronunciamiento. Lo que, de resultar acreditado, permitiría confirmar la presunta financiación irregular del PSOE.

Además, refleja el magistrado puente, «doña María del Carmen Pano aseguró, en la declaración testifical que dejó prestada en esta causa», el pasado día 25 de febrero de este mismo año, «que, en dos oportunidades, acudió a la sede del partido socialista obrero español, ambas en el mes de octubre de 2020, y allí, en la segunda planta, les hizo entrega de cuarenta y cinco mil euros en metálico», en cada una de dichas visitas.

Son, precisamente, estas evidencias las que han llevado al juez del Supremo a pedir a la Audiencia Nacional que inicie una investigación detallada de lo ocurrido por si los hechos puestos sobre la mesa fuesen constitutivos de delito.

Para facilitar la solicitud, Puente ha remitido el informe de la UCO de 8 de octubre y la propia información facilitada por el PSOE, desde entonces, para contrarrestar aquel, de manera que, a partir de este momento, será el juez Ismael Moreno, titular del juzgado central de instrucción número 2 de la AN quien se encargue de rastrear si, dichos movimientos en metálico, a favor de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, son constitutivos de un delito.

En su auto, el instructor recuerda que el informe de la UCO que daba origen a las primeras sombras sobre la contabilidad del PSOE y esbozaba la posible existencia de una 'caja B', reflejó ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de José Luis Ábalos o de Koldo García, que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa. Asimismo, indica que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias de este mes ante el magistrado, sobre la ausencia de «soporte documental», para algunos de los sobre recibidos, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.