Once magistrados decanos alertan de graves «disfunciones» en la aplicación de la reforma judicial de Bolaños y piden más tiempo

Los jueces decanos exclusivos y jueces decanos de los partidos judiciales integrados en la última fase prevista para la constitución de los Tribunales de Instancia en España –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife– han denunciado, en un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso El Debate, las graves «deficiencias» a las que se enfrentan en el «estado actual de la implantación» de la reforma impulsada por el Gobierno, con el «escaso margen de tiempo previsto para la misma» y la evidente falta de los medios necesarios para acometerla.

«Nuestras sedes judiciales concentran el mayor volumen de litigiosidad por corresponder a las capitales de provincia y a los partidos judiciales con mayor número de Juzgados», arranca la nota. En los que «a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo diseñado por el legislador, en las grandes ciudades, no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia».

Un escenario que «puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados», tal y como han venido advirtiendo los profesionales de la Justicia, desde la entrada en vigor del texto legal (Ley Orgánica 1/2025).

Los magistrados decanos afean que, hasta ahora, y pese a que «hemos ofrecido toda nuestra colaboración a las Administraciones para que la activación sea eficaz, no contamos a fecha de hoy ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada Tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal , ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación».

«Muchos de estos Tribunales carecen de los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible: adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados, sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización,...», prosigue el comunicado emitido, este mismo miércoles.

Por ello, exigen, una vez más, que se lleve a cabo «el análisis de las disfunciones que se detecten en los Tribunales ya implantados y en su caso , adoptar las medidas adecuadas para su corrección» y ampliar el plazo para «contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades cuando la propia ley prevé en su disposición transitoria quinta la posibilidad de que su aplicación se ajuste temporalmente a situaciones como las descritas».