El proyecto de ley de secretos del Gobierno blinda a los periodistas que han testificado en favor de García Ortiz

En los últimos días del juicio que se celebra en el Supremo contra el fiscal general del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, paradójicamente, se ha suscitado una amplia polémica en torno a la posición de varios de los periodistas que ha comparecido, en el mismo, citados como testigos de descargo. Esto es, en favor de Álvaro García Ortiz.

Dichos profesionales de los medios de comunicación, todos ellos implicados en la publicación del correo confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, cuya filtración ha llevado a García Ortiz a sentarse en el banquillo, han defendido ante el Tribunal que tuvieron en su poder el citado mail, antes de que llegase a manos del acusado, pero se han valido únicamente de su palabra, sin prueba documental alguna, para poner sobre el estrado dicha afirmación. Incluso, uno de ellos, confesaba un «dilema moral» al respecto de su posición, dado que «yo conozco a la fuente de esta historia», afirmaba, y «no puedo revelarla» aún a sabiendas de que se está juzgando a un «inocente», para el que se piden hasta seis años de prisión.

Así las cosas, cabe recordar que, precisamente, el anteproyecto de ley de Información Clasificada que el actual Consejo de Ministros aprobó, en julio de 2022 –normativa que sustituiría a la actual Ley de Secretos Oficiales, promulgada en 1968– blinda a todos esos periodistas en su tesis de no revelar el origen de la filtración, pese a que esta regulación, ahora, jugaría en contra del fiscal general que Pedro Sánchez ha defendido desde el comienzo de la causa. Una propuesta de reforma que el Gobierno desempolvó hace unos meses –con multas a periodistas de hasta 2,5 millones para el supuesto en el que revelen secretos oficiales, duramente criticadas por las asociaciones de la prensa– para enviarla al Congreso.

A la vez que la nueva ley de secretos, el Ejecutivo aprobaba, también, el anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación. Un texto con el que, de acuerdo con las palabras del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, «queremos proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones». De esta manera, el texto legal recoge define al secreto profesional, como el que tienen los profesionales de los medios de comunicación, para «no revelar las fuentes, el canal, ni cualquier otro dato que pueda identificar las fuentes de la información». Es decir, blindar todavía más el origen de las revelaciones de secretos, incluso cuando éstas pudiera exonerar a un «inocente», atendiendo a las afirmaciones de los periodistas concernidos en el juicio contra García Ortiz; y, además, alejándose del Reglamento europeo que, en este sentido, propone un planteamiento opuesto, para levantar el derecho, en casos concretos.

Si bien, cabe decir, el Gobierno prevé que «los jueces y tribunales pueden ordenar identificar una fuente de información cuando se justifique por dos motivos: que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona, o riesgo grave para la seguridad nacional», explicaba Bolaños hace un tiempo. ¿Estaría pensando en el fiscal general del Estado al hacerlo?.