Juicio al fiscal general del Estado: amnesia, mentiras y mensajes borrados

La primera filtración en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que sólo pudo proceder de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria, y de la que todo el mundo parece haberse olvidado, se produjo el día 12 de marzo de 2024 a favor del digital que publicó que el novio de la presidenta de Madrid, archienemiga de Pedro Sánchez, estaba siendo investigado por un fraude tributario.

Si bien, hasta el momento, se ha hecho poco hincapié en el detalle, cabe recordar cómo en esa misma fecha, incluso antes de que estuviese en la prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz Ayuso, en los pasillos del Congreso, de vivir en un piso pagado gracias a un fraude fiscal. Se abría, oficialmente, la veda contra el «defraudador confeso». Prueba irrefutable de que ya, por aquel entonces, el Gobierno estaba dispuesto a usar el caso para articular una 'operación de Estado' contra la madrileña, incluso, como sucedió más tarde, aunque para ello fuese necesario revelar datos confidenciales de un ciudadano particular como lo era Alberto González Amador.

Esa fue, además, la primera evidencia pública y notoria de que Moncloa estaba al tanto de lo que sucedía en la Fiscalía que se había querellado contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no el envío borrado de la ex jefa de gabinete del ex jefe de gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera, en el que por primera vez aparece documentado el pantallazo del correo remitido por el abogado Carlos Neira al fiscal encargado del caso, Julián Salto. La ex alto cargo del Gobierno, que en la mañana del 14 de marzo de 2024 envió a Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, el correo sensible del novio de Isabel Díaz Ayuso.

A continuación, supuestamente a petición de Sánchez Acera y no antes de la conversación que había mantenido antes con Lobato, El Plural entraba en escena para dar apariencia de periodismo de investigación a lo que, en realidad era un supuesto parapeto para que no pareciese, como se quejó el jefe de filas del PSOE de Madrid, una maniobra «interesada» por la Fiscalía. Esto es, para aparentar que no era lo que, exactamente, parecía que era y casi en simultáneo a la nota de prensa emitida por el Ministerio Público, al dictado de García Ortiz.

En juego estaba la «obligación» denunciar «en sede parlamentaria que la presidenta de la Comunidad de Madrid había mentido» sobre la causa tributaria de su novio, el empresario Alberto González Amador. Ésta es la explicación que, según sus propias palabras, llevó a Pilar Sánchez Acera –ex jefa de gabinete del hoy ministro Oscar López en su anterior etapa en la Presidencia del Gobierno– a proporcionar a Lobato el mail del abogado de González Amador dirigido a la Fiscalía, en el que se apuntaba a la posible existencia de dos delitos tributarios, en el marco de las negociaciones de un pacto de conformidad. «Sácaselo», espetó Sánchez Acera, en la pregunta que, como cada semana, en la sesión de control de la Asamblea regional, Lobato estaba en disposición de hacer a Díaz Ayuso, durante su turno de intervención, de tres minutos.

Sin embargo, en su comparecencia ante el Supremo, Sánchez Acera no lograba recordar qué periodista, de los medios en los que aseguró que el mail estaba, cuando accedió a él, le remitía aquella imagen. Sánchez Acera, también, perdió la información en un cambio de móvil y, de paso, sufrió amnesia en una pregunta clave, y sólo en una, que quizás es la más relevante. No en vano, para qué molestarse conservar las pruebas de un detalle que, en la práctica, ha ha quedado opacado por el testimonio de algunos periodistas, decididos a inmolarse, en descargo de García Ortiz.

Incluso sin ser obligados a desvelar a la verdadera fuente «de esta historia» que todos dicen conocer y que no es quien se sienta en el banquillo -pese a que un Reglamento europeo, de aplicación, podría levantar el secreto profesional, en este caso- quizás, próximamente, tengan que dar cuenta sobre lo asegurado, sin más prueba que su palabra, frente al Tribunal Supremo.