Sánchez busca un giro de guion para el culebrón de Junts tras dos años de episodios

Un 9 de noviembre como hoy, pero de hace dos años, el PSOE y Junts anunciaron el acuerdo de investidura que iba a permitir a Pedro Sánchez continuar en la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio previo. El documento, de cuatro páginas, llevaba en cada una de ellas dos firmas: la del entonces secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, que está en prisión provisional desde junio por su papel preponderante en la trama de corrupción en torno al Ministerio de Transportes; y la del lugarteniente de Carles Puigdemont, Jordi Turull, que había entablado una relación de cierta confianza con Cerdán a lo largo de los meses previos.

En aquel pacto, ambas partes se comprometían a «abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya», así como a «procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura». Que, traducido, significaba: aprobación de la ley de amnistía; una financiación singular y privilegiada para Cataluña; explorar fórmulas para el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que huyeron despavoridas por el procés; y, cómo no, caminar hacia el «reconocimiento nacional» de Cataluña.

Junts ya se curó en salud e incorporó en el último párrafo una salvaguarda: la «estabilidad de la legislatura» estaría «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos». Puigdemont conocía el paño.

Dos años después, los siete diputados de Junts anunciaron el jueves el bloqueo a una legislatura que ya de inicio desafió los límites de lo políticamente posible; porque estaba y está edificada sobre una mayoría antinatura de izquierdas y derechas independentistas. Esa sociedad limitada la componían un batiburrillo de 22 partidos, algunos muy mal avenidos entre ellos y con intereses ya no solo distintos, sino contrarios: el PSOE, los 15 partidos de Sumar -incluido Podemos, que luego se divorció-, ERC, Junts, Bildu, el PNV, BNG y Coalición Canaria. Solo les unía una cosa: que no gobernara el PP, apoyado en Vox. Y les separaban mil.

Tres semanas antes del anuncio de Junts, el Gobierno estaba vendiendo la ficción de una reforma de la Constitución para incluir el aborto

El sanchismo es el arte del engaño. Tres semanas antes de que Junts se plantara en jarras, el Consejo de Ministros estaba aprobando un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir en ella el aborto. «Queremos blindar el aborto en la Constitución y vamos a blindarlo», solemnizó entonces la ministra de Sanidad, Mónica García. Harían falta 210 diputados para sacarla adelante y el PSOE y Sumar tienen 146. Sabían que estaban inflando un enorme globo y, aun así, continuaron soplando. Es la marca de este Gobierno. Como con los Presupuestos.

¿Cómo que no cambia nada?

Ahora el Gobierno está empeñado en fingir que el cerrojazo de Junts a la legislatura no cambia nada. Que puede seguir gobernando mientras la Audiencia Nacional investiga la contabilidad del PSOE en busca de una caja B. Mientras el fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio por corrupción institucional, que eso es lo que subyace tras la acusación de revelación de secretos para perjudicar a una rival política. Mientras su barón extremeño afronta una campaña electoral estando imputado por fabricar un puesto de trabajo a su hermano en la Diputación de Badajoz. Mientras los socialistas ponen bajo sospecha a todo el Poder Judicial, especialmente al Tribunal Supremo, al que nunca le han perdonado que se interpusiera en el camino de la amnistía de Puigdemont.

Aseguran que van a seguir haciendo «lo mismo» que han hecho hasta ahora, «negociando ley a ley, semana a semana, día a día». «Con o sin nuevos Presupuestos, España seguirá avanzando y continuará su hoja de ruta hasta 2027 (...). Éste es un Gobierno que ha demostrado su capacidad para dialogar y llegar a acuerdos, y eso vamos a seguir haciendo, hablar con todos los grupos, salvo uno, y gobernar para todos los ciudadanos y territorios», insistió el viernes Pedro Sánchez desde Brasil.

Pero lo que no dicen es que Junts se ha levantado de esa mesa de negociación. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, reiteró el viernes que su partido no va de farol, que el bloqueo es «irreversible» y que no tiene «marcha atrás». Traducido al castellano: volver a sentar a los independentistas, si es que Sánchez lo logra, costará un alto precio. El presidente invita y el país paga, como siempre.

No es verdad que un Gobierno en minoría pueda gobernar «sin el concurso del poder legislativo», como sostuvo Sánchez una vez ante el Comité Federal del PSOE, hace ya más de un año. Sin Junts, el Ejecutivo no puede aprobar leyes, pero tampoco convalidar los decretos leyes que apruebe el Consejo de Ministros (de hecho, el Congreso le ha tumbado tres en esta media legislatura). Lo único para lo que tiene capacidad plena es para aprobar reales decretos, con rango de reglamento y capacidad muy limitada. Básicamente para subir el salario mínimo interprofesional o revalorizar las pensiones.

Así que no, Sánchez no puede prolongar esta situación de parálisis durante mucho tiempo. Algo se mueve entre bambalinas. Lo más probable es que, en otro giro de los acontecimientos, el presidente y Puigdemont hagan las paces. Pero el padre ordenó a sus siervos: '¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ha sido hallado' (Lucas 15, 22-24). Y hasta la siguiente.

Traigo aquí un extracto de la tesis que el jefe de Gabinete del presidente, Diego Rubio, publicó en la Universidad de Oxford, bajo el título The ethics of deception (La ética del engaño): «El engaño mediante la omisión de la verdad tiene muchas ventajas respecto a la mentira. Por una parte, permite esquivar el estigma cultural de la mentira, rebajando la presión moral sobre el individuo (arrepentimiento, culpa, miedo al castigo etc.). Por la otra, permite obtener los beneficios de hacer trampa evitando sus consecuencias sociales negativas (posibles represalias de la víctima, desconfianza, exclusión del grupo etc.)». Está todo dicho.