La etarra Iratxe Sorzabal durante uno de los juicios a los que ha sido sometida en la Audiencia Nacional
La exjefa etarra Iratxe Sorzabal pide ahora que se reabra su denuncia por torturas archivada en 2001
En mayo fue absuelta de un atentado después de que la Audiencia Nacional considerara que su confesión había sido obtenida mediante torturas
La que fuera jefa de ETA Iratxe Sorzabal hasta el punto de ser la encargada de la lectura en euskera del comunicado por el que la organización terrorista anuncia el fin de la actividad armada, actualmente presa en la cárcel de Zaballa (Álava), ha solicitado que se reabra el caso de su caso de su denuncia por torturas contra los guardias civiles que participaron en su detención y posterior toma de declaración, en marzo de 2001.
Según ha informado este miércoles la asociación Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia), esta decisión se produce después de que la Audiencia Nacional absolviera a Sorzabal en el mes de mayo por un atentado en la frontera de Irún (Guipúzcoa) al quedar probado que sufrió malos tratos durante su detención.
La Audiencia sostuvo en su sentencia que la acusada, condenada en 2022 a 24 años y medio de cárcel por un doble atentado en Gijón, fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001, que le llevaron después a asumir la autoría de este y otros atentados. La Fiscalía recurrió la resolución judicial.
GEBehatokia ha criticado en un comunicado que jueces y fiscales no hayan actuado de oficio para investigar los hechos recogidos en la sentencia.
Esta asociación ha anunciado que apoyará a Sorzabal en su petición ante el Juzgado número 13 de la Audiencia Nacional que, según precisa, «archivó su caso en 2001 sin prácticamente ninguna investigación».
Precisa que la petición de reapertura del caso se sustenta en varios elementos entre los que cita además de la sentencia, las medidas propuestas por el Comité contra la Tortura de la ONU para investigar el caso de Raúl Fuentes, condenado a 50 años de prisión por pertenencia a ETA, quien denunció haber sido torturado en la comisaría de Bilbao tras ser detenido en 1991.
Asegura que esta última resolución establece que «no se puede invocar la prescripción para no investigar judicialmente casos de tortura»