La sentencia del juicio al fiscal general se convierte en un plebiscito político para el Gobierno

El juicio al fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia para Álvaro García Ortiz, pero también para el Gobierno y para Pedro Sánchez, que el pasado domingo dio su propio veredicto en la portada de El País: inocente.

El Ejecutivo ha apostado tanto y de forma tan ostensible por la absolución de García Ortiz que, si hay una condena del Tribunal Supremo, los socialistas no saldrán indemnes; por más que el presidente y el propio fiscal general hayan abonado el relato de la persecución judicial, poniéndose la venda antes de la posible herida.

No obstante, desde el Ejecutivo señalan que, en la vista oral, la acusación no ha podido probar nada. «Con lo visto durante el juicio constatamos la inocencia del fiscal general ante la falta total de pruebas o indicios sobre su persona», reiteran fuentes gubernamentales, pasando por alto que durante el juicio el informe pericial ha confirmado que García Ortiz borró su móvil el día de su imputación.

Si hay condena, el Gobierno no saldrá indemne, primero, porque pudiendo haberle retirado la confianza para forzar su renuncia (ningún ejecutivo puede cesar directamente al fiscal general del Estado, pero si enseñarle la puerta de salida) hizo lo contrario: le instó a seguir en el cargo a pesar de su procesamiento. De hecho, tiempo atrás corrió la voz de que García Ortiz había querido dimitir y el presidente no le dejó. Algo que el interesado nunca ha confirmado, aunque tampoco desmentido.

Segundo, porque el Gobierno se ha implicado activamente en la defensa judicial y política de García Ortiz. En lo judicial, durante el juicio ha puesto a su servicio a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado, esta última a través de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Los representantes de ambos pidieron ayer la libre absolución de García Ortiz.

En lo político, durante meses el presidente y todos sus ministros han utilizado la sala de prensa de la Moncloa, el Congreso, el Senado y cualquier micrófono para sacar la cara por García Ortiz, que según todos ellos no hizo más que defender la verdad y el buen nombre de la Fiscalía frente a un «bulo» del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Además, a escasos días del inicio del juicio, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, de aprobarse en las Cortes (no parece que vaya a ser así), dejaría la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. Lo que se interpretó como un espaldarazo más a García Ortiz.

Tercero, por el daño causado a una institución medular del Estado de Derecho, que sobre el papel no es independiente del Gobierno, pero sí autónoma. El juicio ha dejado a la Fiscalía General del Estado en carne viva, con algunos fiscales ajustando cuentas entre sí (es el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid). Además, sí ha sido probado que la filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña para perjudicar a esta partió de la Fiscalía, al menos. Y para la posteridad han quedado las imágenes de un fiscal general, con su toga y sus puñetas, asistiendo a su propio juicio.

Cuarto, si García Ortiz es declarado culpable e inhabilitado, el Ejecutivo tendrá que nombrar un nuevo fiscal general, después de ratificarlo en el cargo a comienzos de esta legislatura. Teóricamente, su mandato expira en 2027. El Ejecutivo podía haber aprovechado este juicio inédito para promover una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y acabar con una anomalía: la de que el fiscal general del Estado sea el único de todo el cuerpo de fiscales que no resulta apartado automáticamente de su empleo y privado de su sueldo en el caso de ser procesado. No lo ha hecho.

Todavía podía haber sido peor para el Gobierno si, en este juicio, la Sala hubiera investigado la tesis que defendió el juez instructor, Ángel Hurtado, en uno de sus autos: que el fiscal general del Estado actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», lo que implicaba directamente a Sánchez. No obstante, la Sala de Apelación del Supremo consideró que este extremo no había quedado sustanciado: «Ciertamente, esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible», dejaron escrito los magistrados.

Al margen de que la vía Moncloa no haya sido investigada, en el juicio también ha quedado de manifiesto que el famoso email del abogado de Alberto González Amador circuló por los despachos monclovitas y que el Ejecutivo quiso beneficiarse de esa filtración, como poco. Entre los testigos declaró la entonces jefa de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera. Ella fue quien mandó el correo electrónico al que fuera líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y le presionó para que se lo sacara a Ayuso en la Asamblea regional el 14 de marzo.