Ofensiva del PP tras el «rotundo fracaso» del Gobierno en su plan contra la despoblación

El Tribunal de Cuentas ha emitido este mes de noviembre un informe de 164 páginas en el que evalúa el plan del Gobierno de Pedro Sánchez «de 130 medidas frente al reto demográfico». En el dosier, el órgano fiscalizador refleja «las deficiencias de planificación inicial y medios» del Ejecutivo, a la vez que señala –entre otros muchos aspectos– que «sería necesario reforzar la complementariedad entre las estrategias nacionales de reto demográfico y de la Política Agraria Común (PAC)».

Tras el revés del Tribunal de Cuentas, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha realizado una contundente ofensiva contra el Gobierno por su plan contra la despoblación. Así, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha presentado dos Proposiciones no de Ley (PnL), una batería de preguntas escritas al Gobierno, y una solicitud para que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparezca en la Comisión del ramo de la Cámara Baja y dé «cuentas del fracaso de las políticas del Gobierno en la lucha contra la despoblación».

En la primera de las PnL, los 'populares' subrayan que «en marzo de 2021, aprovechando el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno presentó el 'Plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico', con vigencia para el periodo 2021-2023», con una «inversión total de 13.419 millones de euros». Igualmente, indican que las propuestas del Ejecutivo «ha sido sometidas al control del Tribunal de Cuentas», que «ha aportado conclusiones demoledoras sobre su ejecución, desmontando y desacreditando uno de los planes más ambiciosos del Gobierno».

«Fue impulsado con un 75 % de fondos europeos, y el resultado al que ha llegado el citado Tribunal es que el Plan debe ser rediseñado por sus múltiples carencias e incoherencias (...) En definitiva, el paquete con el que el Gobierno pretendía convertir nuestros municipios en «territorios de esperanza» (2021) se ha reducido a un paquete opaco y deficiente, con recursos insuficientes, una evaluación incompleta, falta de seguimiento y desconexión normativa. La realidad ha impuesto que el Plan 130 ha sido una herramienta incapaz de afrontar una realidad sumamente compleja, demostrando que, para el Gobierno, la lucha contra la despoblación no es su prioridad y que, en términos estructurales y de inversión, no se ha llevado a cabo ningún avance real», añade el escrito de los 'populares'.

La segunda PnL exige al Gobierno que implemente «un marco global de actuación de lucha contra la despoblación y apuesta por el reequilibrio territorial como elementos determinantes para estructurar medidas de ámbito estatal que reviertan la situación de abandono del medio rural», y que ligue «la acción política y normativa del Gobierno y de la Administración General del Estado a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural».

La batería de preguntas

Por su parte, en el documento de cuestiones al Ejecutivo, el PP manifiesta que, según el dosier del Tribunal de Cuentas, «solo 61 de las 158 medidas del Plan han aplicado inversiones específicamente diseñadas para los municipios en riesgo de despoblación, estimándose un impacto presupuestario de 4.515 millones de euros de los 13.419 millones presupuestados para el conjunto del Plan». En consecuencia, solicitan al Ejecutivo, entre otros aspectos, que concrete «qué causas han motivado la falta de ejecución total de las medidas del Plan» y «qué criterios ha utilizado el Gobierno para determinar la asignación presupuestaria de los distintos ejes del Plan de 130 medidas, y cómo justifica que solo una parte minoritaria del gasto tuviera como destino actuaciones centradas exclusivamente en el medio rural».

En este contexto, la diputada Raquel Clemente –portavoz de Reto demográfico del Grupo Popular en el Congreso– ha manifestado a El Debate que «el informe ha dejado clara la desconexión del Gobierno de Sánchez con el medio rural, las mayores preocupaciones de sus habitantes no han recibido apenas fondos, a vivienda no se ha destinado más que el 0,8 % y a las medidas para facilitar la movilidad un 1,2 % del total de la inversión».

De igual forma, Clemente ha señalado que «desde el Partido Popular llevamos tiempo denunciando que no era más que un sumatorio de partidas destinadas al medio rural, pero no un plan que afrontara la realidad de la despoblación y este informe nos da la razón; ni estaba bien diseñado, ni bien presupuestado y sin que se haya evaluado su impacto».

«Vemos como el Tribunal de Cuentas utiliza frases como que el Plan 'no concretó intervenciones destinadas a combatir la despoblación, sino que se quedó en una suma de actuaciones genéricas de apoyo al medio rural'. Y subraya el 'escaso' gasto para vivienda y movilidad sostenible, ámbitos que considera 'esenciales' para la mejor habitabilidad en el medio rural. Hay una recomendación incluso para que el Ejecutivo desarrolle un nuevo Plan con medidas diseñadas con perspectiva de reto demográfico, muestra del rotundo fracaso del primero», ha zanjado.