Un abogado de la acusación asegura que «hay un teléfono de García Ortiz que todavía no se sabe dónde está»

La sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue dando de que hablar. Este domingo, Juan Antonio Frago, abogado de APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) que ha ejercido como acusación popular en el juicio contra el fiscal general ha señalado en una entrevista en EsRadio que «hay un teléfono del fiscal que todavía no se sabe dónde está».

El abogado explica que «la sentencia como tal no ha salido, lo que han adelantado es el fallo, también uno tiene su corazoncito y podrían haber dado para más la condena, pero teniendo en cuenta la extrema dificultad del asunto, la presión tan descomunal que se ha ejercido sobre el tribunal... pues bueno, desde luego hay que ver el vaso medio lleno».

En esta línea remarca que «el fiscal iba cambiando su cara por momentos, hubo determinadas testificales que no le gustaron nada, como la de Almudena Lastra, como incluso la del primer fiscal, Julián Salto, y no contemos ya cuando intervino la Guardia Civil... En otros momentos, con testigos más propicios para él pues estaba mucho más relajado, pero digamos que fue cambiando bastante su cara conforme iba pasando la distinta prueba del juicio».

En cuanto a las pruebas, el letrado ha señalado que tenían «dos pruebas especialmente diferenciados. En cuanto a la nota de prensa hay que tener en cuenta que él mismo reconoció su autoría, eso ya es una mera operación jurídica para determinar si el texto de dicha nota es delictivo o no. Ese es el punto más claro para la condena porque solo hay que ver la nota para ver que se estaban revelando datos del señor González Amador».

«Luego está la cuestión de la filtración propiamente dicha que no sé si quedará incluida dentro del fallo condenatorio que ahí había muchísimo más donde ahondar porque evidentemente está la cuestión de los periodistas diciendo que ellos sabían quién era el autor, pero no él ni tampoco lo revelaban, y evidentemente todo lo que saco la UCO de las comunicaciones con el primer periodista que publicó el famoso correo», ha continuado relatando.

Sobre los periodista que conocían la información días antes de la filtración, Frago ha señalado que «con el debido respeto, la palabra de un periodista y un fontanero ante un tribunal vale lo mismo. De lo que se trata es que el testigo pueda aportar luz sobre la autoría o no de un hecho delictivo».

En cuanto al borrado de todos los mensajes por parte del fiscal general del Estado, el letrado ha subrayado que «García Ortiz los borró porque hay muchas más cosas que si llega a detectar la UCO igual tendríamos varias causas penales abiertas y es que no olvidemos que hay un teléfono móvil que todavía no se sabe dónde está. Que ese es con el que creo que se está buscando que el Gobierno le apoye sin fisuras para que no cante la trabita el fiscal».

Asimismo, ha comentado «que el borrado de pruebas se ve en quien quiere ocultar algo como el que tiene droga la tira por el inodoro... Puse un ejemplo que se tergiversó, pero tenemos un asesinato como el de Marta del Castillo o el de los niños de Bretón donde el cuerpo del delito ha sido eliminado, pero es que los delincuentes no dejan el DNI en la escena del crimen para que se sepa. El borrado de la prueba del delito se toma como un elemento de cargo bastante importante».

El abogado ha continuado indicando que el caso ha afectado muy mal a la imagen de la Fiscalía. «Se está discutiendo realmente desde hace años la instrucción de los delitos por parte del Ministerio Fiscal como pasa en toda América y en prácticamente toda Europa donde tenemos por un lado a su máximo representante donde ya se ha anunciado su condena, en un momento en el que la institución que va a instruir y no es capaz de decir quién hizo la filtración», ha relatado.

Frago ha concluido diciendo que «la defensa de García Ortiz solo ha aportado pruebas para intentar despistar. En el primer día le pregunté a la fiscal jefe sobre esa famosa lista... ahí yo jugaba con cierta ventaja porque he sido fiscal y conozco a mucha de esas personas, y de esos 500 que se suponen que accedieron al correo, yo tenía detectados al menos a 29 que o se habían jubilado años antes o habían fallecido... en concreto había dos fallecidos en esa lista. Había gente que estaba en la excedencia como yo... gente que estaba trabajando en otros órganos... Eso es falsedad documental, certificar algo que no es cierto.