Los jueces se plantan ante los ataques del Gobierno y exigen el «cese» de las injerencias, ante el silencio del CJPG

las gruesas declaraciones realizadas desde diferentes frentes políticos y mediáticos por representantes públicos, incluidos varios miembros del Gobierno, y periodistas de izquierdas con la excusa del fallo adelantado del fiscal general del Estado por parte de la Sala Segunda del Supremo, provocaba la reacción en bloque de tres de las cuatro asociaciones judiciales de nuestro país, a finales de una semana en la que se ha llegado a calificar de «golpismo» la decisión del Alto Tribunal, ante el atronador silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La deriva del Ejecutivo socialista, entregado al lawfare impuesto por los independentistas catalanes en el acuerdo firmado para la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de la amnistía, ha llevado a las entidades profesionales a manifestar su más «profunda preocupación por el descrédito» que algunas afirmaciones implican no sólo para el Poder Judicial, independiente del resto de los que conforman el Estado de Derecho sino, además, para quienes lo integran, señalados y denostados por sus presuntas «motivaciones políticas».

La critica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional noComunicado conjunto de la AJFV y FJI

Sánchez y los suyos, con el concierto de la prensa de izquierdas, ha permitido y participado de «un relato falso y muy dañino: el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable», lamentaban hace unos días la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado conjunto y en una preocupación compartida en la que se han «formulado valoraciones de alcance político» contra el contenido de «una sentencia aún no se conoce, lo que hace aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial».

Y, hace tan sólo unas horas era la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera, y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, la que advertía al ministro de Justicia, Félix Bolaños que el Poder Judicial va a defenderse frente a los intentos del Ejecutivo por controlar a los jueces y magistrados de este país: «Hoy vienes a vendernos tu producto, pero no te lo vamos a comprar».

Cientos de mensajes, insultos y algunas amenazas veladas no sólo hacia los cinco magistrados del TS que avalaron el fallo condenatorio de Álvaro García Ortiz sino, por extensión, contra todos sus compañeros, han hecho plantarse a los jueces y fiscales en el marco de una campaña planificada y ejecutada con mucho detalle, y contra objetivos concretos, para generar desconfianza en la sociedad frente a quienes han de defenderles contra el ejercicio despótico del poder. Así ha sido en el juicio contra el ya ex fiscal general que ha perdido su puesto por revelar datos reservados de un ciudadano particular que ahora ha sido el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero que podría haber sido cualquiera o serlo en cualquier otro momento.

Nada es casual en esta oleada de descalificaciones que aspira a destruir la reputación de jueces concretos, los que se atreven a investigar la presunta corrupción del Gobierno, para 'tumbar' con ello, a todo un Poder del Estado a ojos de los ciudadanos. El objetivo no es protestar, legítimamente, contra una sentencia o, incluso, discrepar de sus argumentos jurídicos, pese a que aún son desconocidos.

La finalidad es provocar miedo y autocensura en el resto de los miembros de la Judicatura, intimidar a un colectivo entero pero, también, crear desconfianza y desafección en los ciudadanos: si triunfa el relato de que los jueces son sectarios, en un futuro no muy lejano se dará el caldo de cultivo perfecto para reformar cualquier aspecto de su trabajo, de sus competencias, de sus funciones, o de su sistema de acceso, con el apoyo abierto de una sociedad que, entonces, sin saberlo, quedará más desprotegida que nunca frente al poder omnímodo de la política.

De eso mismo se trata, de que el mensaje cale como lluvia fina, mientras una parte de los españoles lo aplaude porque, tal y como les han vendido esto sólo va contra los «jueces fachas». Una generalización indiscriminada que pone en evidencia que esto no es una mera discrepancia jurídica sobre una decisión concreta sino una forma de someter al escarnio público a quienes se atrevan a aplicar la ley –en cumplimiento de su labor, prevista en el artículo 117.1 de la Constitución– a los miembros del Ejecutivo o del Legislativo de turno.

Por ello, ante la «complicidad por omisión» del máximo órgano de representación de los jueces y magistrados, son las asociaciones profesionales las que han alzado la voz para pedir el cese de las «etiquetas» a los jueces.

«Las insinuaciones de parcialidad o descalificaciones generalizadas procedentes de cargos públicos generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y ponen en riesgo la separación de poderes. Conviene recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es una garantía para el ciudadano, que tiene derecho a que sus conflictos sean resueltos por jueces imparciales, ajenos a intereses políticos. Este tipo de declaraciones supone un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea», reflexionaban a comienzos de semana los miembros del Foro Judicial Independiente (FJI) y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para las que «preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden».